Rafael Romero

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El nombramiento de la fiscal Barreto

La fiscalización periodística a Palacio de Gobierno y al Ministerio Público, desde EXPRESO, marca época en Perú. Pero ese periodismo veraz trae aparejadas venganzas como la que se ha evidenciado desde la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos después de que informáramos sobre el caso de un prófugo de la justicia cuyo abogado visitó 18 veces a la magistrada Marita Barreto, con el agravante de que pudieron ser más las reuniones de no haberse extraviado los “cuadernos de registro de visitas” al mencionado despacho fiscal, correspondientes a los años 2014 y 2015.

Otro hecho saltante es que el abogado del mencionado requisitoriado por el Poder Judicial pidió el 2 de julio del 2015 en una entrevista radial el nombramiento de la fiscal Barreto, y a la par se organizaron mítines y plantones a favor de esta funcionaria con un amplio despliegue mediático para promocionarla. El tema sería inocuo si es que ellos no fueran los promotores de la Carpeta N° 27-2014 porque así se echaría sombras respecto de la objetividad que en este, como en otros casos, debía guardar la doctora Barreto. ¿Por qué una parte interesada pedía el nombramiento de la referida fiscal?
Toda persona que ha pasado por el trance del tan ansiado nombramiento en la administración pública sabe perfectamente lo que ello significa en su vida y generalmente quedan agradecidos los funcionarios con aquellas personas que les ayudaron a tan importante logro. Es sabido que la fiscal Barreto pugnaba desde el 2008 por ese nombramiento y ahí están sus cursos, actualizaciones y capacitaciones ante la Academia de la Magistratura para los ascensos y la estabilidad laboral, pero los años 2012, 2013 y 2014 fueron esquivos para concretar dicho nombramiento.

No obstante para el 2014 la fiscal Marita Barreto ya era “candidata de reserva”, a la luz de la Convocatoria N° 004-2014 del Consejo Nacional de la Magistratura, quedando tiempo solo hasta el mes de diciembre del año posterior (2015) para ser nombrada. ¿Sabían sus solícitos promotores que el nombramiento debía ser sí o sí antes de ese mes? ¿Hubo alguna coordinación con información privilegiada de por medio entre la fiscal Barreto y sus dos propagandistas?

El punto es que en medio de bombos y platillos que abogaban por su nombramiento no solo el plazo de diciembre del 2015 se agotaba sino que había otros hechos “urgentes” que enfrentar como, por ejemplo, el haber sido quejada por la doctora Julia Príncipe, entonces Procuradora Pública de Lavado de Activos, como consecuencia de la pérdida de siete muestras lacradas del mismísimo despacho del impresentable Orellana. Y no solo eso sino que cuando esos dos ciudadanos piden su nombramiento, pendía sobre la cabeza de la fiscal Barreto una solicitud de exclusión, una investigación disciplinaria en Control Interno y las pesquisas de la 24° Fiscalía Provincial Penal para determinar responsabilidades por la sustracción de las muestras lacradas del caso Orellana.

@RafaelRomeroVas



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