Rafael Romero

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Evaluación a los fiscales de lavado

¿Qué fue de la convocatoria que hizo el pasado 5 de diciembre la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales respecto de una –valga la redundancia- “evaluación” de todos los fiscales del sistema de lavado de activos con carácter de urgente y en 24 horas?

Como se sabe, la mencionada convocatoria surgió a partir del Oficio N°000004-2019-MP-FN-OREF, firmado por la doctora Silvia Ávila Lam, gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, mediante el cual comunica que, para los pedidos de ampliación de destaque del personal fiscal que presiden en sus despachos, estos serán atendidos y tendrán vigencia por todo el año 2020, debiendo ser remitido de manera obligatoria un informe detallado del progreso en el avance de la carga y el cumplimiento de metas. Se precisa también que la omisión de dicho informe, así como el no presentar una mejora sustancial respecto a la reducción de la carga laboral, ocasionará la conclusión de los referidos destaques.

Muy bien, señores, hasta aquí resulta interesante una evaluación con esas características dentro de la Fiscalía; pero sería mejor darle mayor vigor, profundidad y alcance a la evaluación de los fiscales de lavado con el objetivo de incidir mejor en la promoción y práctica de su idoneidad, de su preparación y de su capacitación para el puesto, dado que existen magistrados que no son de la especialidad, tampoco tuvieron buen puntaje para cubrir las plazas y menos para ser nombrados.
Y lo que es más grave, pues a la falta de conocimiento en esa materia penal tan especializada, se suma el hecho de que en poco tiempo hay magistrados que han cambiado su inicial y modesta forma de vida, comprando automóviles del año y propiedades suntuosas, de recreo y vacacionales pagando cash entre US$ 60,000 y US$ 100,000. Los mismos fiscales de lavado saben y son conscientes que con sus sueldos es difícil darse esos lujos, pero algunos de sus compañeros sí lo lograron, sea porque recibieron una herencia o sea porque hicieron magia con sus ahorros.

De manera que por ese lado también tiene que haber una evaluación urgente, ya no solo con el concurso de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales sino también con la activa participación de la Oficina Suprema de Control de Interno y de sus respectivas Oficinas Desconcentradas. Además existen escritos ciudadanos, amparados en el derecho constitucional de petición y en la Ley de Transparencia, que están en manos del doctor Rafael Vela, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos; y de la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, los cuales no están siendo atendidos pese al tiempo transcurrido desde su ingreso a trámite documentario.

@RafaelRomeroVas



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