Rafael Romero

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Poder Judicial versus querellas maliciosas

Podemos contribuir a aliviar la carga procesal en el país dándole menos problemas a la administración de justicia con procesos judiciales caprichosos que al final no van a llegar a ningún lado, sobre todo cuando se evidencia solo una voluntad vengativa del demandante y a leguas aflora la falta de asidero jurídico de su pretensión. Entre esos juicios están, por ejemplo, las querellas formuladas especialmente a periodistas cuando estos solo cumplen una labor informativa (ius informandi y ius narrandi), ejerciendo además regularmente su derecho constitucional al trabajo y a la libertad de prensa.

Por fortuna los magistrados en su gran mayoría tiene el tema claro, existiendo además el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 que plantea criterios vinculantes sobre el conflicto entre el honor y la libertad de expresión. No obstante, al respecto la Corte Suprema de Justicia de la República podría hacer a corto plazo una actualización del mismo porque han pasado trece años y en todo este tiempo -a la luz de la ciencia jurídica- urge consolidar la libertad de expresión en el país, así como el valor de la democracia y del Estado constitucional derecho como herramientas ineludibles para alcanzar la paz, la información transparente y el desarrollo de la comunidad.

Sobre el particular existe un valioso artículo escrito por Marco Gamarra, titulado “La libertad de prensa en el Perú: un objetivo por consolidar”; y pese a haber sido escrito en mayo de 2015, guarda absoluta vigencia y es útil para poner el tema en debate. Gamarra plantea la insoslayable actualización del Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 porque “no brinda pautas específicas sobre la improcedencia de las querellas maliciosas”. Dicho investigador señala que “ello no resulta extraño, dado que en el 2006 no se había producido todavía un escenario tan intenso de hostigamiento judicial contra la prensa independiente como el que emprendieron recientemente ciertas organizaciones” (por ejemplo la red Orellana que se dedicó a querellar a periodistas, quienes en ningún momento afectaron el honor de nadie, sino solo estaban informando).

Para entonces, mayo de 2015, Gamarra dixit: “Es momento de que el Poder Judicial reaccione y exija a sus operadores judiciales el máximo celo para advertir cuándo una querella no tiene otro fin que hostigar o silenciar a la prensa. El problema existe y ha sido advertido en el reciente informe de la organización The Freedom House (…)”.
Luego este autor planteó que la mayoría de las querellas fueron admitidas a trámite por el PJ y que “admitir a trámite una querella maliciosa y abrir procesos penales sin fundamento significa un perjuicio al periodista en tanto que lo obliga a contratar abogados para su defensa, a dedicar parte de su tiempo a asistir a las tomas de declaraciones y a sufragar el costo de tasas judiciales para ejercer su derecho de defensa”. En consecuencia, según Marco Gamarra, el PJ debe rechazar a tiempo las “querellas maliciosas” para que como institución no sea instrumentalizada para fines ilícitos, máxime cuando esas demandas no solo están lesionando los derechos subjetivos del individuo que se desempeña como periodista, sino además el derecho de la colectividad a recibir la información.

@RafaelRomeroVas



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