Rafael Romero

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Keiko, entre el derecho y la justicia

No me gustan los “antis” porque a lo largo de la historia nacional solo han representado taras que impidieron la tolerancia, la sana práctica democrática y el desarrollo de las instituciones del Estado. Hemos tenido el siglo pasado el manido antiaprismo, del mismo modo el anticomunismo, y en las dos primeras décadas del siglo XXI el antifujimorismo.

Precisamente, es este antifujimorismo el que ha articulado en el campo político y jurídico, contando con agentes infiltrados dentro y fuera del Perú, con grandes fondos y soporte financiero de las ONG dizque defensoras de derechos humanos, y con operadores provenientes de la gama izquierdista, capaces de infiltrar también el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Los sectores radicales y recalcitrantes de la zurda nativa jamás le van a perdonar al fujimorismo el hecho de que sea el principal factor para la derrota militar de Sendero Luminoso y del MRTA, y entre los terroristas supervivientes o liberados por los abogados izquierdistas durante los gobiernos de Paniagua o Toledo −e incluso lo subsiguientes−, se cuenta a la claque que gana la calle para denostar de Keiko, y nadie puede negar que en las marchas contra el fujimorismo están cual quintacolumnistas los familiares de los terroristas de los años ochenta clamando por una revancha judicial.

Lo grave es que la batahola llegó a los predios del Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, no pudiendo negar varios de los fiscales que persiguen a Keiko su relación con refinados operadores de izquierda y directivos de oenegés antifujimoristas, tan desalmados como los chuponeadores de Vladimiro Montesinos, pues usan sus mismos métodos a la hora de audios de magistrados o de hacer maniobras de presión cada vez que se vislumbra una audiencia en la que se tiene que evaluar la libertad de la ex candidata presidencial de Fuerza Popular.

Ahora, puede haber mil colaboradores eficaces, pruebas o argumentos jurídicos para incriminar a Keiko, pero no se debe olvidar que hay normas de rango constitucional que son claras y precisas en el sentido de que en libertad ella puede seguir con su caso y las acusaciones fiscales a cuestas, por lo que mantenerla más tiempo en prisión solo reduce su caso a una burda venganza.  De modo que el derecho no debería reducirse a la vendetta, puesto que por encima de ello está la justicia. Recordemos al profesor uruguayo Eduardo Couture cuando en su Decálogo del Abogado decía: “Lucha, tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”.

@RafaelRomeroVas



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