Rafael Romero

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Poder Judicial ante ONU, OEA, OIT y OCDE

En el Perú, como en cualquier país civilizado del mundo, rigen instrumentos internacionales que lo obligan como Estado a cumplir precisos y determinados compromisos en materia de calidad del servicio judicial; y, por ejemplo, lo hay en el ámbito laboral, para hacer que se respeten los derechos de los trabajadores, pues al final de cuentas ellos son los ciudadanos que con sus impuestos sostienen a la burocracia estatal.

Esto es algo que debería tenerlo claro la Corte Suprema de Justicia de la República, y entender que es la cabeza de un importante poder del Estado que debería irradiar hacia todos los fueros jurisdiccionales de la nación no solo eficiencia y celeridad sino también mística y sentido común.

Es inaceptable, bajo esta línea de razonamiento, que haya trabajadores que solo esperan una sencilla calificación de casaciones y lo hacen por más de dos o tres años en el mejor de los casos, poniendo al Perú en ridículo frente el mundo y generando vergüenza entre propios y extraños. Por fortuna esto lo saben los organismos internacionales en cuyas instancias se elaboraron los más diversos tratados, pactos y convenios que deberían garantizar que haya una recta administración de justicia y sobre todo el respeto a la dignidad humana.

Ya está bueno que existan millones de peruanos que han sido y son íntegros, correctos frente a sus deberes y puntuales en el pago de sus impuestos, sin embargo cuando por coyunturas del destino llegan a un juicio que jamás lo buscaron, lo mínimo a lo que tienen derecho, en virtud de los tratados internacionales, es a recibir un trato justo y oportuno, mucho más cuando han ganado en primera y segunda instancia, quedando solo –en la inmensa mayoría de casos laborales– a merced de caprichosas casaciones que sabe Dios cuándo podrán ser calificadas.

Esto no puede seguir pasando y debe terminar ya mismo, por los enormes daños y perjuicios y por el daño moral que causan sobre todo en personas decentes, por lo que las autoridades no deberían llenarse la boca con frases bonitas y de clisé en medio de los discursos oficiales, pues solo están ocultando una miserable realidad respecto de que la justicia en Perú va en retroceso, hecho que lo pone lejos de la aspiración a pertenecer a la OCDE, y como un contumaz Estado desobediente de los pactos y convenios internacionales que suscribió.

Finalmente, para no mencionar a más funcionarios públicos, preguntémonos si los presidentes de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ¿son conscientes del papelón que manifestamos ante el mundo solo en este rubro de las casaciones en la Corte Suprema, aspecto concreto sobre el cual deberían coordinar más, claro está respetando sus competencias y las funciones que le son inherentes?





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