Realidad socioeconómica: criterio para evaluar el peligro de fuga

Realidad socioeconómica: criterio para evaluar el peligro de fuga

La necesidad de asegurar que el imputado enfrente las consecuencias penales de sus actos o pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos se traduce en la legítima aplicación de medidas cautelares que hasta pueden llegar a privarlo de su libertad ambulatoria. Sin lugar a dudas, neutralizar los peligros procesales (de fuga y obstaculización de la justicia) es la justificación para aplicar medidas tan severas como la prisión preventiva.

A través del tiempo, la jurisprudencia penal de nuestro país ha considerado diversos aspectos objetivos y que pueden ser evaluados concreta y concurrentemente para determinar la presencia de la variante del peligro de fuga. Estos aspectos han permitido el desarrollo de criterios como la evaluación de los arraigos domiciliarios, familiares y laborales. Tener donde vivir, identificar una familia y un trabajo son hoy criterios que permiten vincular al sujeto con un determinado lugar, sin que esto signifique que dichos criterios cancelen totalmente la posibilidad de fuga. De aquí la importancia de considerar otras medidas que puedan utilizarse para cubrir ese mínimo riesgo.

El arraigo laboral es uno de los criterios que mereció un tratamiento especial porque no podía seguir dándole las espaldas a la realidad socioeconómica peruana. Así, la exigencia de un empleo formal y permanente para evitar el peligro de fuga implicaba estar ajeno a una realidad como la nuestra, consideración que la Corte Suprema de Justicia de la República tuvo en cuenta para precisar que este criterio no puede ser evaluado de manera rigurosa (Casación No. 1215-2021, Loreto). No era razonable reducir la evaluación de la probabilidad de fuga a las suposiciones “no tiene trabajo o no puede acreditarlo, por lo que le será fácil desvincularse del lugar en el que se encuentra” o “tiene los medios necesarios para poder fugar”. Precisamente, la suposición es una creencia ideal, basada regularmente en especulaciones u opiniones y que puede ser fruto de prejuicios, como en su momento lo resaltó la misma Corte Suprema al descartar que se tomara como único criterio para el riesgo del peligro de fuga la condición de extranjero del imputado (Casación No. 631-2015, Arequipa).

La aplicación de los criterios expuestos en los párrafos precedentes exige una evaluación en concreto, lo que supone considerar una realidad diversa y desigual. Por ejemplo, el domicilio de un imputado puede ser un inmueble de material noble debidamente identificado o un lote con una construcción precaria y que aún no tiene una numeración. El procesado también puede tener un trabajo formal y con sus derechos laborales debidamente reconocidos o realizar una actividad esporádica, ambulatoria o en condiciones no formales.

El desarrollo de la aplicación de la medida de prisión preventiva, que implica convertirla realmente en excepcional, solo alcanzará su madurez cuando cumpla con la exigencia de una motivación suficiente y cuidadosa, sin caer en “argumentos” irracionales o sesgados.

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