No es ningún secreto que como consecuencia de la crisis económica que afecta al país, ocasionada por la pandemia que estamos estoicamente soportando, en algunas actividades se ha roto la cadena de pagos, en otras es evidente la morosidad de los deudores en el cumplimiento de sus obligaciones. A ello se suma la reducción de la producción, el decrecimiento del comercio, así como el desempleo.
En la recaudación tributaria la baja es notable y se siente más en lo que es la municipal, sea por el Impuesto Predial, como en los arbitrios municipales. Los contribuyentes, por la situación generalizada que los agobia, tienen en el último lugar de su lista de pagos, los conceptos antes mencionados.
Si bien el Gobierno Central contaba con fondos de contingencia y había guardado para las vacas flacas, ello no ha sucedido con los gobiernos locales que siempre están, como se dice, a tres toques y un repique. Sin el pago de los arbitrios no pueden cumplir con sus dos más importantes deberes, esto es el recojo de la basura y solventar el serenazgo.
En el tema de arbitrios su solución es fácil, basta una norma que los vuelva a vincular, como fue antaño, dentro del pago del suministro del servicio eléctrico y si él no se da, pues con el del gas o del agua y ya, si ninguno de ellos existe, tendrá que pagarse directamente al municipio.
En lo que se refiere al Impuesto Predial, él grava el valor de los predios urbanos y rústicos, siendo administrado, recaudado y fiscalizado por las municipalidades distritales en que se ubiquen los predios. La base imponible para la determinación del tributo, que es anual, está constituida por el valor arancelario de los terrenos y valores unitarios oficiales de edificación, vigentes al 31 de octubre del año anterior, todo lo cual es fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones (Conata) al igual que las tablas de depreciación por antigüedad, lo que de año en año oficializa el Ministerio de Vivienda.
Ahora bien, se escuchan desde sectores oficiales, voces en el sentido que, para aumentar el Impuesto Predial, se pretenderían sustituir los valores oficiales arancelarios y unitarios antes aludidos, por el valor comercial de los predios. Pese a no creer que se esté en capacidad contributiva para soportar aumentos impositivos, debemos tratar el tema.
La pretensión del cambio de valorización es peligrosa pues el valor de mercado y sus criterios son variables y, muy probablemente, generaría infinidad de reclamos y mientras se resuelven, podría postergarse el pago del tributo predial. Al fin de cuentas, el remedio sería peor que la enfermedad.
Si es el Estado, por intermedio del Ministerio de Vivienda, quien oficializa los aranceles y valores unitarios de edificación determinados por Conata, la solución es más que sencilla, a elevar se ha dicho los valores que señale Conata y a aprobarlos antes que finalice el mes de octubre de cada año.
Con un mínimo de imaginación se puede resolver la problemática en forma sencilla, evitando complicaciones que luego afectan a los pobres contribuyentes.