Los golpistas (periodistas, opinólogos y politicastros que ya todos conocemos) que apoyaron el cierre “fáctico” del Congreso anterior por parte de Martín Vizcarra y Salvador del Solar ahora lamentan que su engendro, el nuevo Parlamento, les haya salido respondón. Después de que Vizcarra le jalara las orejas al Legislativo por no aprobar la eliminación la inmunidad parlamentaria como él quería, los congresistas contestaron no solo quitándosela, sino también a los ministros, al defensor del Pueblo y a los magistrados del TC, y debilitando la inmunidad presidencial, de modo que, de aprobarse la ley de reforma constitucional en segunda votación, Martín Vizcarra podría ser acusado de delitos contra la administración pública que haya cometido antes o durante su gestión. Por lo pronto, hay una acusación pendiente por supuesta negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni cuando fue gobernador de Moquegua.

Lo hecho por el Congreso es, evidentemente, una vendetta política. Pero el responsable principal aquí es Vizcarra, quien pretende desarmar a los legisladores para que no fiscalicen, cuando estos deben indagar, por ejemplo, los contratos con el Estado de los familiares de Mirian Morales y los del mismo cuñado del presidente por más de 320 mil soles, pese a que está prohibido por ley. Los congresistas necesitan la inmunidad parlamentaria para fiscalizar sin miedo de ser empapelados por mafias; los ministros, para ejecutar presupuesto sin el peligro de ser denunciados por empresas que no ganaron licitaciones; mientras que los tribunos requieren no ser encausados por sus votos u opiniones para dictaminar con libertad. El jefe de Estado, en tanto, debe concentrarse en gobernar y no en afrontar acusaciones penales por presuntos ilícitos en su gestión: eso lo hará cuando termine su mandato. (No menciono el caso del defensor del Pueblo porque aún no le hallo utilidad a ese organismo). Considero, pues, que todos los mencionados deben tener inmunidad por diferentes razones, porque, más allá de las personas, están siempre las instituciones. No toda la vida -espero- vamos a tener a tanto mediocre como ahora en estos cargos.

Dicho esto, lo que sí linda con lo ridículo es el berrinche de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, quien ha deslizado que estaríamos frente a una dictadura parlamentaria. Dictadura, magistrada, es la que usted alentó al avalar el golpe de Estado del 30 de setiembre del 2019. Igual de patéticos se ven Vizcarra y su premier comunista Vicente Zeballos al alertar que quitarles la inmunidad a los integrantes del Ejecutivo sería inconstitucional. ¿Por qué no es inconstitucional, entonces, suprimirle esta prerrogativa a los legisladores? No hay equilibro de poderes si los altos funcionarios del Estado tienen inmunidad y los parlamentarios no. Esta nueva crisis también ha desnudado -una vez más- la incompetencia de los ministros: ¡el titular del Minjus -asesor legal del mandatario- dijo que observarían la norma que cambia hasta 5 artículos de la Carta Magna, cuando eso está prohibido en el 206° de la Constitución!

En medio de esta guerra de populismos, lamentablemente, los peruanos siguen muriendo en los pasillos de los hospitales por la plaga china sin que nadie haga algo al respecto. Todos perdemos.