El año 2020 está más cerca a su final que a su inicio. Un año inesperadamente crítico, no sólo por la pandemia del Covid-19, sino porque semejante tragedia mundial nos encontró con serias deficiencias en infraestructura sanitaria, personal de salud y, sobre todo, con una grave debilidad institucional política, altas cifras de informalidad económica y porcentajes embarazosos de corrupción en la cúspide del poder.

En consecuencia, el 2021, año en que se llevarán a cabo las elecciones generales, los peruanos tenemos que replantearnos la reconstrucción nacional del país, justamente, cuando se cumple el Bicentenario de la Independencia Nacional y a 137 años de finalizada la Guerra del Pacífico. Desde el punto de vista económico se calcula que cerraríamos este año con un decrecimiento entre el 14% o 15%, cifras comparadas con épocas de post guerra, como las que hemos citado. Por otra parte, contamos con una Representación Nacional que es fruto de la disolución de un Congreso de la República electo legítimamente -decisión controversial bendecida por el Tribunal Constitucional con una ajustada votación, que debilita todo sistema democrático que se precie- que no está dando la talla esperada por sus propios propulsores. Sino que, por el contrario, ha resultado mucho más obstruccionista y escandalosamente populista.

La llamada lucha contra la corrupción ha tomado un matiz y un giro más político que judicial; mientras surgen nuevos casos de corruptelas que se pasan por alto, en la medida que se relacionan con personajes del gobierno. ¿Cómo entonces se puede pedir a la población una conducta responsable, por ejemplo, con respecto a la pandemia, si las deficiencias éticas y legales empiezan desde arriba? Por tanto, las elecciones de abril de 2021 son claves para volver a encarrilar el Perú, tarea que, de ninguna manera la podemos dejar en manos de novatos y populistas; sino que, por el contrario, corresponde a las mujeres y los hombres más preparados y con mayor experiencia, responsabilizarse por reconstruir desde la base, instituciones políticas sólidas y confiables, tendiendo redes con la sociedad civil para mejorar los sistemas de infraestructura, educación y salud en un régimen con vocación abierta, libre y democrática.

Lo cual requiere también de la colaboración de las instituciones y las empresas privadas que, como parte de la sociedad, les corresponde hacerse cargo tanto de producir bienes, servicios y empleo, como de contribuir, no solo con el pago de sus impuestos, regalías etc., sino con su conducta ejemplar, su conocimiento y -si hace falta- apoyo extraordinario en épocas como ésta, para ayudar al bien común, tarea que es de todos.

Es necesario, por tanto, un liderazgo político que lejos de ofrecer el oro y el moro y dilapidar la caja fiscal, empodere al ciudadano y tienda puentes para que la libre iniciativa, peruana o extranjera, fluya e invierta en el país, sabiendo que cuenta con reglas claras y fiables a mediano y largo plazo, pero también con exigencias éticas y legales. Contrariamente a los populistas y autoritarios que cortan el paso al desarrollo, colocando trabas insufribles o haciéndose de la vista gorda con actividades ilícitas o la competencia desleal.

Si no estamos atentos al menú de candidatos para las muy próximas elecciones, corremos el riesgo de dejarnos sorprender por populistas que favorecen el amiguismo, la ineficiencia, el despilfarro y la frivolidad de la “encuestitis”; o por improvisados sin vocación política y menos ética. Entonces, el esperado rebote de la economía que entidades como el FMI y el BM calculan entre el 6% y el 10% para el Perú el 2021, podría perderse fácilmente.

CENTRUM g.b.s.