Los delincuentes detenidos hace 24 horas por flagrancia en delitos comunes, vuelven a pasearse con aire triunfalista por el barrio donde operan, jactándose de tener bolsa preparada para comprar su salida inmediata del sistema penal, sus víctimas los miran con el gesto doliente del temor que les produce una administración de justicia que desde la Policía, Fiscalía y Poder Judicial no sólo no funciona a su favor, sino que protege a la delincuencia con poder de pago.

Las peligrosas facultades otorgadas por el Congreso al gobierno para legislar en materia de seguridad ciudadana, que les está permitiendo reformar códigos sustantivo y procesal penal, están siendo usadas con un grave desconocimiento de la realidad judicial del país.

Devolverle a la Policía las facultades de investigar los delitos reales o inventados con determinación de responsabilidades penales de los presuntos implicados, agrava el peligro de indefensión jurídica de los ciudadanos honestos que aspiran a una justicia penal efectiva, donde medie sólo la búsqueda de la verdad y la aplicación honesta de la ley.

Los abogados penalistas que no hemos caído nunca en la corrupción del sistema de justicia penal, conocemos perfectamente que en la Policía se fabrican denuncias falsas contra quienes se quiere perjudicar, se desestiman denuncias verdaderas por graves delitos probados, y se redactan informes finales de investigación conforme los intereses de los que pagan, con honrosas excepciones de policías correctos que cumplen su función a cabalidad.
La expectativa de alcanzar justicia queda cifrada en el pronunciamiento de la Fiscalía, que en otros tiempos era un rescoldo de honestidad y competencia, y que con posterioridad al ex Consejo Nacional de la Magistratura, que seleccionaba magistrados preguntándoles por la receta de la ocopa, está muy venida a menos ética y jurídicamente, también con honrosas excepciones de excelentes fiscales. No obstante, la supervisión fiscal desde el inicio de la investigación ha sido un importante elemento de control policial.

Los cuestionables nombramientos también alcanzan al Poder Judicial, lo que explica que se advierta redes de corrupción que atraviesan todo el sistema de Justicia.

Efectuar una reforma judicial efectiva del sistema penal requiere un saneamiento de los recursos humanos con una debida evaluación y ratificación de magistrados a nivel nacional escuchando a litigantes y abogados, lo que también hay que hacer con la Policía, y establecer el sistema de participación ciudadana en el control de la conducta funcional de los jueces y fiscales, en su nombramiento y ratificación, que dispone el artículo 139 inciso 17 de la Constitución; entonces no habrá compra de impunidad, ni delincuencia legalizada.

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