Una de las reformas más importantes al sistema previsional peruano tuvo lugar durante el gobierno y liderazgo del expresidente A. Fujimori, cuando en 1992 y 1993 a nivel legislativo y constitucional, respectivamente, se agregó la posibilidad de contar con un régimen considerado privado en la medida que su administración no estaría inexorablemente a cargo del Estado ni afectado por una falsa solidaridad o carácter de reparto que significaba que unos pensionistas financiaran a otros, terminando todos ellos con una pensión de miseria.

Siempre tuve claro que es al Estado y no así a los particulares al que corresponde, obligatoriamente, hacer justicia distributiva o social. Los particulares, entre ellos los trabajadores, tributan en favor del Estado en función de sus ingresos y con ese aporte, que no puede ser confiscatorio o esquilmador, el Estado se sostiene como organización y debe llevar adelante su tarea de lograr el bien común.

Este aporte para el sostenimiento del Estado y la realización de sus fines, no tiene como propósito que quien tributa obtenga un beneficio directo salvo el de que se deriva de pertenecer a una comunidad en que el bienestar es general.

No debe, entonces, confundirse con la contribución a un sistema previsional, pues cuando un trabajador dependiente es obligado por ley a contribuir a un sistema previsional, sea administrado por el Estado o por privados, lo que se busca es lograr un ahorro que le permita un beneficio directo a futuro, que consiste en recibir ingresos proporcionales a lo ahorrado y suficientes para su subsistencia, llegado el momento en que ya no pueda realizar actividad económica sea porque su edad o incapacidad ya no se lo permite. Tal es la lógica de un sistema contributivo: doy ahora para recibir después. Lo ahorrado, se supone, debe ser bien administrado para lograr una rentabilidad adecuada y aprovechar el gran número de ahorristas que significa un sistema previsional.

Pese a que en los 20 años posteriores al gobierno del expresidente Fujimori, no se perfeccionó el régimen previsional administrado por privados (AFP), es manifiesta su mayor rentabilidad frente al otrora monopólico régimen previsional administrado por el Estado (ONP).

Vale recordar que ya en 1997, constatada la incapacidad del régimen público para otorgar pensiones suficientes, el gobierno creó el Fondo Consolidado de Reservas previsionales destinado a financiar bonificaciones en favor de las pensiones a cargo de la ONP menores a mil soles. Veintitrés años después, hoy, ninguna pensión de la ONP supera los mil soles.