En la primera parte de este artículo me referí a algunos conceptos necesarios para entender la creación, a mediados de mayo pasado, de la comisión especial encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano. Integré esa comisión congresal como miembro titular en representación de la bancada de Fuerza Popular.

Es justo reconocer que se trata de una materia sumamente compleja y difícil el contexto para desarrollar la labor encargada. También es justo reconocer que se convocó a todos los sectores concernidos o vinculados con el tema.

Sin embargo, muy pronto surgió el desenfoque de lo que considero debe significar un sano sistema contributivo, en el que el aportante, trabajador dependiente ahorra, incluso obligado por ley, buscando obtener un ingreso para cuando llegue el momento en que por edad o detrimento de su condición de salud no pueda seguir generándolos.

Con tal previsión, el aportante, su familia y el mismo Estado quedarán aliviados respecto al sostenimiento de quien finaliza su vida laboral activa. Ello sin contar con el gran aporte que para la economía del país significa la existencia de un fondo de tal magnitud, que debe ser administrado para generarle rentabilidad.

A punto de vencerse el plazo otorgado a la comisión para cumplir el encargo recibido, el equipo técnico escogido y liderado por la presidencia del grupo de trabajo, nos sorprende con una propuesta de ley que no solo no reforma el sistema de pensiones sino que infringe clamorosamente la normativa constitucional, al pretender restringir el acceso a un sistema plural de entidades administradoras de fondos de pensiones, que el artículo 11 de la Carta Magna fija en públicas, privadas o mixtas.

Como quiera que desde 1992 existe en el Perú un régimen público y otro privado de administración de pensiones, la propuesta para que exista solo el régimen público y de que las hoy existentes administradoras privadas le transfieran a dicho ente público sus fondos, implica sin ninguna duda una indebida propuesta de expropiación de los fondos privados.

Como consta en el Diario de Debates del Congreso Constituyente que elaboró la vigente Constititución de 1993, el legislador constitucional tuvo siempre en mente y trasladó al espíritu de la norma fundamental la necesidad de mantener las opciones pública y privada y de, incluso, permitir que en el futuro pudiera existir también una opción mixta, público-privada.

Por ello, voté en contra del proyecto que la Comisión Especial presentó el 26 de enero último.