¿Reforma o saneamiento en el sistema de justicia?

¿Reforma o saneamiento en el sistema de justicia?

Se escucha y lee a través de los medios de comunicación que un sinnúmero de dirigentes políticos de los diferentes partidos y movimientos que actúan en el actual escenario político, abogar por una urgente e ineludible reforma del sistema de justicia.
El primer problema a superar es que disponer una reforma desde el Congreso sin establecer parámetros, causas y objetivos, resultaría una evidente intromisión en la autonomía institucional e independencia de los operadores de justicia para resolver los casos sometidos a su conocimiento, lo que viciaría el proceso por una manifiesta inconstitucionalidad.
El segundo problema radica en que, estando vigente la Junta Nacional de Justicia, con todas sus facultades constitucionales y legales para ratificar jueces y fiscales, destituirlos por causas previstas en la ley y abrir los procesos de convocatoria para la designación de los titulares de las plazas vacantes, no podría hacerse ninguna reforma pasando por encima de la JNJ.
El tercer problema estriba en la consideración de que el sistema de justicia está infiltrado por poderes fácticos ajenos a su estructura orgánica y funcional que le estaría quitando independencia e imparcialidad o que lo han instrumentalizado para perseguir a los enemigos o rivales contando con agentes fiscales o judiciales que actúan al interior de los entes del sistema en alianza con aquellos poderes fácticos que les garantizarían permanencia en el cargo e impunidad funcional, de modo que si ésta es la raíz del problema ya no estaríamos ante una reforma sino frente a un saneamiento estructural y funcional.
El cuarto problema es que los integrantes de la actual Junta Nacional de Justicia están por culminar sus funciones al vencerse el plazo de vigencia de su designación, a pesar de lo cual están convocando a procesos de masivas designaciones continuando con su programa de ratificaciones, cuyos resultados van a generar sospechas de todo tipo para los beneficiados o para los perjudicados.
El quinto problema es que la designación de los nuevos miembros de la JNJ la hace una Comisión presidida por la Defensoría del Pueblo, pero con una intervención muy fuerte de los representantes de las entidades cuestionadas, de modo que es de esperarse una lucha sin cuartel al interior de esa Comisión a la hora de elegir a los nuevos miembros de la JNJ, porque allí se sabrá si habrá un continuismo o se iniciará un proceso de saneamiento radical.
Tal vez podría considerarse una modificación normativa urgente para suspender temporalmente hasta la designación de los nuevos miembros de la JNJ, todo proceso de selección, destitución y ratificación para que estos procesos tengan la mayor transparencia posible.
Lo que no se puede obviar es el reconocimiento del nudo gordiano para cualquier proceso de reforma o saneamiento: La Junta Nacional de Justicia, manzana de la discordia entre el Congreso y el Poder Judicial a quienes los unos destituyen y los otros reponen.

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