En el Congreso de la República, después de aprobarse la moción de confianza solicitada por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución tiene seis proyectos de reforma política para su debate y aprobación, y aunque son importantes para mejorar el sistema político y electoral, dicha comisión no demuestra espíritu constructivo ni voluntad política para procesarlos, pero por otro lado estos proyectos son producto de una exigencia del Ejecutivo más que de acuerdos y voluntades colectivas, el proceso se ve afectado por la turbulencia política con marcada confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, la falta de equilibrio entre poderes, la crisis de partidos políticos sin acuerdos ni consensos y con cúpulas manipuladoras que se resisten a reducir sus espacios de poder, todo lo cual revela un panorama que afecta nuestra democracia, además la reforma es incompleta, no considera temas como el voto voluntario o la suspensión de la cifra repartidora, ni el asunto político más importante, la bicameralidad, porque el Senado mejoraría la calidad de nuestra legislación, con mayor reflexión y madurez, sería el mejor sistema de control de proyectos de ley aprobados en cámara única.

Sin una sólida institucionalidad las reformas que se implementen no tendrán efecto eficaz, según el  Premio Nobel de Economía, Douglas North, el objetivo principal de las instituciones es lograr una estructura estable de interacción humana cuya calidad determina el potencial de crecimiento y desarrollo de un país, lo cual no sucede actualmente en el Perú, pues estamos viviendo una crisis de desconfianza en la mayoría de instituciones, agravada por la corrupción y suciedad moral desenmascarada en el escándalo Lava Jato con graves delitos de corrupción y lavado de activos de políticos, funcionarios públicos, jueces y empresarios

La mayoría de nuestras instituciones presentan muy baja calidad, la legislativa (falta de capacidad y fragmentación), partidos políticos (escasa credibilidad, informalidad política), judicial (endeble y con mala imagen, expuesta a prácticas corruptas), policial (desbordada por aumento de delincuencia y crimen organizado) y el gobierno, en el mal funcionamiento de organismos centrales de gestión laboral, educativo y salud, en innovación del sector público, en descentralización y participación y resolución de conflictos.

Bajo este panorama, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad debe tener preeminencia, nuestra realidad política e institucional necesita de mucha proclividad de cambio para implementar las reformas, sin institucionalidad no hay progreso, el liderazgo se diluye sin instituciones capaces de darle permanencia a las reformas y políticas impulsadas.