En su mensaje del 28 de julio de 2018 el presidente accidental Vizcarra planteó “una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales”, que recortaría “tanto el mandato congresal como el presidencial al 28 de julio del año 2020”. La fijación del período congresal al 28 de julio de 2020 sí tenía sentido, porque tres meses antes el país había elegido a 130 legisladores para reemplazar a sus pares defenestrados por el golpe de Estado perpetrado por Vizcarra el 30 de septiembre de 2018. Lo que no quedó claro es por qué Vizcarra propuso “recortar el mandato presidencial”, en vista de que él fue incorporado como presidente de la República para concluir el mandato de PPK, tras renunciar este por el affaire Odebrecht. Mandato que precisamente concluye el 28 de julio de 2021. Irónicamente, lo incorporó el mismo Congreso que, seis meses después, Vizcarra cesaría. Por cierto, Vizcarra justifica su reforma constitucional alegando que “el pueblo reclama a gritos un nuevo comienzo”. Para lo cual agrega esta mendacidad: “Recuperemos la confianza de la gente y demostrémosle al país que, sin importar banderas políticas, todos estamos unidos en la lucha contra la corrupción y podemos combatirla con firmeza y determinación. Conduzcamos al país a esta nueva etapa, con grandeza y sin mezquindades”.

Esto tiene correlación con la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” ideada por Vizcarra a finales de 2018, presidida por el funambulista político Fernando Tuesta. Ese mismo que jefaturando ONPE puso en planilla –pagada por usted, amable lector- a su “pareja sentimental” Tatiana Mendieta Barrera, ocupando el cargo de confianza de asesora personal suya. Tal fue el escándalo mediático -desatado a raíz de que medios independientes como EXPRESO informaron este delito- que Tuesta renunció. Aunque su “pareja sentimental” pasaría sucesivamente a integrar las planillas de Reniec y los ministerios de Educación y Justicia. Hecho que sugiere ser una suerte de vicio en esta gestión. Porque ocurrió en Moquegua cuando, siendo gobernador Vizcarra, colocó a su cuñado; también sucedió con familiares de la secretaria de Vizcarra contratados en el Ministerio de Transportes siendo ministro Vizcarra; o en palacio de gobierno cuando siendo ya jefe de Estado él asimismo habría contratado a la cuñada de su esposa.

Claramente el objeto de la reforma política es quitarle la inmunidad a los legisladores, como parte del modelo autocrático de Vizcarra de concentrar el verdadero manejo del Estado en el Poder Ejecutivo. En consecuencia, Vizcarra blandea nuevamente la carta del descrédito al Congreso, mientras presiona para que éste apruebe otras reformas políticas. Como las de esta comisión que aún preside el tal Tuesta. Aquellas incluyen impedir que postulen ciudadanos con sentencia en primera instancia –violentándose de esa manera el precepto constitucional de la apelación a otras instancias- y también introducir el paradigma progre de la paridad, quebrantando la decisión de los afiliados a los partidos al momento de elegir a sus candidatos, en caso los mejores resultasen siendo en su mayoría masculinos o contrariamente femeninos; porque esta reforma política plantea que deberá prorratearse entre 50% hombres y 50% mujeres.