Las reformas constitucionales a veces son necesarias y no hay que temerles, pues son reajustes que precisamente dan solidez y larga vigencia a la Constitución, como bien se aprecia a lo largo de la historia, en el caso de la Constitución norteamericana.

Algo cierto es que para las reformas hay que ser objetivos y prestar atención a la historia, pues para realizar tales cambios se debe tener presente cómo funcionaron las normas ya dadas y si han dejado buenas lecciones o, por el contrario, desencantos y problemas.

Si bien nuestro Tribunal Constitucional hoy en día, debido a sus integrantes y por sus últimas decisiones, brilla con luz propia, en razón de su equilibrio e independencia, sabemos que constituirlo fue algo difícil y solo se logró ello, bajo la presión de las calles, que hizo fracasar la repartija.

También sabemos, que hasta ahora, desde la vigencia de la Constitución de 1993, solo hemos tenido tres Defensores del Pueblo elegidos, y los que han remplazado a los dos primeros (felizmente de muy buen desempeño), luego de finalizado el periodo de los elegidos, casi han realizado sus propios periodos.

El hecho es que, aparentemente (y eso es lo que habría que reconocer y aceptar con objetividad), el carácter político del Congreso y los intereses existentes no han ido de la mano, en nuestro país, con el diálogo y la posibilidad de lograr acuerdos que puedan pacíficamente lograr un rápido nombramiento de los integrantes del TC y el Defensor del Pueblo.

Dados los problemas que ya han acontecido, en nuestra opinión, lo que menos debería suceder es que los ignoremos u olvidemos, pues ello solo sirve para que, en otros momentos, sigamos transitando por los mismos caminos y repitiendo los mismos errores.

Los cambios en el CNM, que existe consenso en que deben realizarse, consideramos que no requiere de nivel constitucional, pues basta hacerlo a nivel de una ley o reglamento, respecto la elección de los integrantes.

Un tema relevante que debería reformarse atañe a la presidencia del JNE, la que podría obedecer a una elección democrática y no que solo sea impuesta por la norma, pues reconociendo los desempeños de los presidentes provenientes del Poder Judicial, lo cierto es que la elección haría más democrático el asunto.

Los temas referidos servirán para otorgarle mayor vigencia a nuestra Constitución, que en el tiempo se ha revelado útil y buena.

Pedro Angulo Arana – Decano del CAL