Frente a la campaña desinformativa que engaña a la población con que se vienen aprobando grandes reformas electorales para combatir la corrupción política, sentimos el deber ciudadano de hacer ver que es en verdad todo lo contrario.
Un Congreso disminuido por la dictadura gubernamental aprobó una ley inconstitucional que impide postular a un cargo de elección popular a todo ciudadano que tenga una sentencia condenatoria de “primera instancia”, nos preguntamos si los congresistas, abogados, votaron a favor de esta aberración legal que quiebra el principio de seguridad jurídica y de validez de las sentencias que han alcanzado la firmeza de cosa juzgada.
Estos principios están reconocidos como derechos constitucionales a la doble instancia, a la cosa juzgada y a la presunción de inocencia, que es cuando una sentencia ha alcanzado su firmeza y por tanto su validez porque es emitida por la última instancia, no cabiendo recurso impugnatorio. Arts. 139.6.13 y 2.24.e de la Constitución.
La Ley 31043 viola la Constitución y ha abierto un peligroso filón de persecución política de opositores a la corrupción gubernamental, pues ya aparece en el cronograma electoral publicado antes de ayer por el JNE, el 10 de abril, un día antes de las elecciones 2021, como fecha límite para determinar si se saca o no un candidato por su “situación jurídica”; lo que quiere decir, que se puede fabricar sentencias condenatorias de primera instancia en los próximos 6 meses contra candidatos incómodos.
Saludamos que el nuevo jefe de la ONPE, Piero Corvetto, haya anunciado que el voto electrónico no va por falta de auditoría del hardware y software que determine su validez, correcta decisión que revela que ha asumido el cargo con seriedad y voluntad de llevar adelante un proceso electoral limpio.
Del mismo modo el Congreso debió hacer las dos grandes reformas electorales simples y eficaces para contribuir en el mismo objetivo: prohibir la destrucción de votos hasta la convalidación total de los resultados y obligar se entregue copia de las actas de todas las mesas de votación a nivel nacional a todos los partidos participantes, tengan o no personeros, y publicar estas actas en la web de la ONPE terminado el escrutinio, con un escáner en cada mesa de votación.
Sería muy bueno que la ONPE vía reglamentación operativa del proceso pueda asegurar estas medidas de seguridad que garantizarían que los peruanos no suframos, otra vez, un fraude electoral.