Entre lo ocurrido en los meses del Régimen presidido por Valentín Paniagua de finales del 2000 al 28 de julio de 2001 y lo que va hasta ahora del de Francisco Sagasti que también terminará el 28 de julio próximo, pueden existir todas las distancias y diferencias que se quieran salvo por una: ambos resultan y representan un Gobierno interino nacido de una grave crisis política que determinó su instalación por sucesión constitucional. No hay que ser lumbrera para afirmar que, dado el origen, la principal responsabilidad gubernamental era y es asegurar la estabilidad institucional, la celebración de elecciones generales democráticas y transparentes y la transferencia ordenada del poder.

En el caso de Paniagua no sólo se ejecutó y cumplió estos objetivos sino que se comprendió que como Administración interina debía evitarse cambios o reformas que afectasen la marcha y estructura del Estado. En cambio, en el caso de Sagasti no se viene observando ello debido, principalmente, al aberrante papel demagógico y populista del Congreso entregado a un festín legislativo y a “sicosear” con Asambleas Constituyentes que perjudica la seguridad jurídica y económica de la Nación, así como también por no pocas acciones desacertadas del Ejecutivo como las que pretenden “revisar” el rol de las Fuerzas Armadas o aumentar inconstitucionalmente la potestad fiscalizadora de la Sunat por citar un par.

A ver si se entiende. Este es un Régimen de Transición y Emergencia cuya misión debe ser la protección sanitaria y social de los peruanos –en especial de los más vulnerables- ante la maldita pandemia de la covid-19 china; promover la reactivación de la golpeada economía y la recuperación del empleo y asegurar la limpieza e imparcialidad del proceso electoral y la transmisión del mando . El Perú lo agradecerá. ¡AMÉN!