Reitero mi propuesta de creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos

Reitero mi propuesta de creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos

El Perú debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos del que somos Estado Parte desde 1978 y, en consecuencia, que la judicialidad nacional quede desvinculada jurídicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH, uno de los dos brazos que forma el denominado sistema americano de protección de derechos humanos. Cuando lo promovimos nos creían antisistema. Pero para hacerlo con seriedad es necesario que el Perú tenga a la mano la posibilidad de formar parte de otra instancia jurídica supranacional pues resultará indispensable contarla dado que un Estado tiene vida interna y vida internacional, es decir, es tan relevante el derecho interno como el derecho internacional en lo que se ha denominado supranacionalidad.

Mi posición a favor de salir de la Corte, entonces, supone necesariamente que el Perú, de todas maneras, se adscriba a otra instancia jurídica fuera del Estado, a donde las personas pudieran acudir una vez agotada la vía interna, por considerar que el sistema judicial interno no satisface sus reclamos por derechos humanos al no reconocerse su derecho invocado. Es lo serio.

La primera vez que planteé la creación de un tribunal de derechos humanos fue en el marco del “V Curso Regional Andino de Derechos Humanos para Profesores de Derecho y Profesionales de Organizaciones No Gubernamentales” (Cusco, 2005), al que asistí becado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania, y la Comisión Andina de Juristas (CAJ). Debo confesar que no tuvo eco. Años después insistí en una columna intitulada “Propongo la creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos”, publicado en el diario Correo, el 8 de febrero de 2018, y lo he reiterado como ahora, en Expreso, hace pocos meses.

Pero ¿para qué salir de la Corte IDH? Con el objetivo de aplicar la pena de muerte para los violadores de menores de edad que fallecen por el ultraje y para el delito de terrorismo que, por cierto, ya está previsto en la Constitución de 1993, pero que, mientras sigamos atados al Pacto de San José de Costa Rica, como también se conoce a la Convención, no podría aplicarse dada la prohibición del art. 4 del tratado. El camino está expedito jurídicamente pues el art. 78 del Pacto contempla la DENUNCIA, que no es otra que la decisión soberana del Estado, de desligarse del instrumento jurídico.

Es un mito creer que por salirnos de la Corte seremos sancionados y que, además, quedarán en la orfandad nuestros derechos. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestro sistema judicial y asumirlo garantista. La vocación de las partes y de los agentes del proceso de administración de justicia peruanos, debe ser siempre acudir a la justicia nacional. Solo se recurre a la supranacional en modo excepcional, nunca como regla. Por eso, desde la academia y sin cansarme, propongo, una vez más, que el Perú presente en el marco de la Comunidad Andina (CAN), la creación del referido tribunal de derechos humanos como lo tiene la Unión Europea, África y la Liga Árabe. La CAN ya cuenta con el Tribunal de Justicia (TJ), que es su órgano jurisdiccional, y que está encargado de dirimir las controversias comerciales, aduaneras, etc. La idea sería ensanchar sus arreglos a los derechos humanos. Es un asunto de decisión política que, desde luego, deberá ser consensuado con Ecuador, Colombia y Bolivia, y no será incompatible con ser Estado miembro de la OEA.

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