En un artículo anterior mostramos el desaguisado que constituía la nueva denominación en nuestro Código Penal de los “delitos contra la dignidad humana” para sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación. Ahora, por el contrario, nos toca resaltar que en la misma Ley No. 31146 se establecen medidas relevantes sobre la reparación civil y la representación procesal de las víctimas de estos delitos. Su importancia radica en precisar los conceptos que deben ser comprendidos en la reparación civil en estos casos, así como la implementación de una forma especial de representación procesal de los agraviados menores de edad y la legitimidad de sus defensores para su constitución como actores civiles.
Existen muy pocos casos judicializados de trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajos forzados que concluyeron con una sentencia condenatoria. Aún así, era un grave problema establecer criterios objetivos y concretos para fijar las reparaciones civiles. Regularmente se otorga el trato general de “un monto proporcional al daño sufrido” que discrecionalmente decidía la autoridad. Cuando en casos como estos una persona es explotada y recibe a cambio solo lo necesario para subsistir o sumas irrisorias, la restitución debe comprender la contraprestación justa por el trabajo efectuado, además del costo que implicará el tratamiento y rehabilitación por el daño físico, psicológico y moral que se le ha causado, a todo lo cual deben sumarse las expectativas frustradas del desarrollo profesional, técnico, artístico o humano. Estos aspectos no estaban usualmente comprendidos en las sentencias judiciales, por lo que el legislador optó por regularlo taxativamente en el artículo 9° de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y particularmente resulta también loable el mandato legal sobre el destino de los bienes decomisados por dichas actividades para el pago de estas reparaciones. Es un paso importante y efectivo en favor de las víctimas que no solo esperaban las sanciones respectivas por los actos criminales cometidos en su perjuicio, sino también las posibilidades reales (materiales) para poder reincorporarse en la vida social.
Otra lectura positiva de las medidas adoptadas corresponde a la representación procesal de las víctimas menores de edad. Se advierte aquí la ausencia de los progenitores o familiares cercanos para asumir esta tarea, lo cual es meritorio si se tiene en cuenta que en algunos de estos casos son ellos los autores del delito. En la ley en mención se dispuso que el Estado encomiende a los abogados públicos de las víctimas y de los Centros de Emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la tarea de representación procesal y también el reconocimiento de la legitimidad para constituirse como actores civiles en los procesos penales en marcha.
Estas medidas permiten efectivizar los compromisos estatales para la protección de las víctimas de trata, tráfico de migrantes y otras formas de explotación. Sin embargo, tal vez haya llegado el momento de ampliar la representación procesal para otros sectores vulnerables: mujeres, integrantes de poblaciones originarias e integrantes de la comunidad LGTBI. Esto porque las posibilidades de defensa y actuación procesal de estos sectores están limitadas por el temor, el desconocimiento y los propios prejuicios provenientes del sistema de justicia.

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