Habló el Tribunal Constitucional, rechazando por mayoría la medida cautelar para suspender la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra promovida por el Congreso de la República. ¿Que ésta es controvertida? Lo es, porque a juzgar por las declaraciones de su vocal ponente, la Dra. Marianella Ledesma, los criterios que han pesado en lo resuelto por el colegiado han sido de orden “político”, más que juridico, al señalarse que el riesgo para una vacancia se ha debilitado al creer en lo expresado por los líderes de las bancadas de que no respaldarán tal moción. Sin duda un nefasto precedente en el control de la constitucionalidad, porque si los argumentos hubiesen sido jurídicos, que son los que debieran contar en un Estado de Derecho, no existiría polémica. Pero así son las reglas del juego democrático, ya está, ya se pronunció el TC, fuero al que voluntariamente se sometió el jefe del Estado, queda por tanto respetar la decisión.

Estando así las cosas, nos preguntamos, ¿debe comparecer este viernes el presidente Vizcarra al Congreso para responder por el affaire Swing y el contenido de audios en torno a éste? Aunque no existe norma que lo obligue a hacerlo, no obstante dirimida la cautelar, lo consecuente y más aún lo político es acudir a la convocatoria, siempre que el presidente del Congreso, Manuel Merino, garantice que no se permitirán actos y expresiones lesivas a la dignidad de la persona y al cargo, de la más alta magistratura del país, la de Presidente de la República, que personifica a la Nación.

Muchos dirán que a juzgar por condenables intervenciones en el Parlamento en torno al tema, el respeto a la majestad del cargo del jefe del Estado no está garantizada, pero estos son gestos políticos que fortalecerán la imagen del presidente Vizcarra como autoridad que no se corre, ni evade y más bien, si por el contrario es vapuleado o humillado, el actual Congreso se terminará por deslegitimar, el que está compuesto por partidos políticos con aspiraciones políticas en el 2021.

Puede muy bien el actual mandatario dirigirse a la representación nacional y retirarse respetuosamente del Parlamento, dejando a su abogado, el Dr. Roberto Pereira, penalista muy entendido y con manejo de cámaras, para continuar con su defensa y cumplir con la convocatoria que, injusta o no, es parte de la institucionalidad y la separación de poderes.

Esta columnista renueva su opinión a la no vacancia presidencial, por razones de la actual coyuntura de crisis sanitaria, por estar ad portas de las Elecciones Generales y por lo sumario de una decisión de tamaña envergadura (defenestrar a un presidente de la República), que contraviene el debido proceso, aun cuando se pretexte que el fuero del Legislativo es eminentemente político, el asunto es que nada ni nadie está por encima de las garantías constitucionales y el debido proceso es una de éstas.