La gran pregunta que se deben estar haciendo los defensores de los derechos humanos que no forman parte de una cofradía de pantalla grotesca es ¿dónde está el ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Vega? Porque el ministro, que estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo durante años, sabe perfectamente que lo que ha hecho el gobierno morado al que él pertenece es claramente violatorio de los derechos humanos que él debería defender. Me refiero a esos campos de concentración en los que se “retiene temporalmente” a ciudadanos que no acatan la cuarentena y las medidas de encierro forzoso que el gobierno morado ha dictado haciendo gala de su incompetencia.

La “muerte civil” y las multas son otro atentado a la gente a la cual el gobierno morado discrimina, pues esa población corresponde porcentualmente al 70% de peruanos que viven en la informalidad y que necesitan trabajar porque en el Perú no hay seguro de desempleo. Al producirse esta discriminación de muerte civil y multas, el gobierno atenta contra el derecho humano a ser integrado en el plan de recibir la ayuda estatal a través de los bonos destinados a paliar la grave crisis económica y de trabajo que afecta fundamentalmente a esos sectores. Otro asunto es la legalidad de la norma a la luz del sistema de derechos humanos. Toda norma que afecte derechos fundamentales debe hacerse con rango de ley, y no con un rango inferior como un decreto supremo.

A esto se suma que cualquier retención de civiles según la normativa internacional de derechos humanos que el ministro Eduardo Vega conoce perfectamente dicta que esta debe hacerse con el concurso de un fiscal y/o juez presente, según sea el caso, asunto que no está sucediendo con el internamiento por cuatro horas en que los ciudadanos permanecen secuestrados por la policía que funge de juez y fiscal. ¿Y la proporcionalidad, señor ministro? ¿Resulta proporcional retener la libertad de una persona sin protección judicial por violar la cuarentena? ¿Los muertos civiles podrán ejercer su derecho a voto? Como puede verse, el asunto no es cosa de juego como ponerse rico y apretadito al estilo de José Elice, inspeccionando los campos de reclusión y poniéndose morado por las preguntas de la prensa. Las organizaciones de DDHH deberían pedir la intervención de los organismos internacionales para que informen si en el Perú estas prácticas cumplen con los estándares de tales derechos fundamentales, pidiendo la versión de todos los actores involucrados y no solo de una parte, como hizo la comisión Bachelet que vició su informe porque “olvidó” preguntarles a los ministros del expresidente Merino su versión sobre las protestas de noviembre, paradójicamente, solicitado este informe por el gobierno morado de Sagasti. Y el ministro Vega, ¿tiene algo que decir o será cómplice?