El 18 de junio de 2020 se publicó la Ley 31025. ley que incorpora a la enfermedad causada por el covid-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud, reconociendo “la enfermedad causada por el covid-19 como una enfermedad profesional de los servidores de la salud”.
Durante la pandemia que nos viene asolando, han muerto más de 400 médicos y más de 1000 trabajadores de salud. Cuando el gobierno del señor Vizcarra dispuso la vacunación de los trabajadores que estamos en primera línea, lo hizo con las vacunas de Sinopharm, esto dentro del escándalo político denominado “Vacunagate” donde resultan involucrados desde el expresidente Vizcarra, la exministra Mazzetti y otros funcionarios de gobierno cuyas responsabilidades no han terminado de ser dilucidadas.
Cuando se nos han aplicado las vacunas de Sinopharm a los trabajadores de salud, en ese momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tenía ninguna opinión, ni decisión respecto a estas vacunas. La OMS recién aprobó el 7 de mayo el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 fabricada por la empresa china Sinopharm. Hasta ese entonces, la OMS solo había aprobado las vacunas fabricadas por Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna.
Los estudios han demostrado que la vacuna Sinopharm tiene un porcentaje de eficacia menor que otras vacunas llámese Pfizer o Moderna. En nuestro país más de 20 médicos han fallecido como consecuencia del covid-19, después de haberse colocado las dos dosis de vacuna Sinopharm. Ello ha conllevado que los Cuerpos Médicos; organizaciones representativas de los médicos a nivel nacional (Federación Médica, Sindicato Nacional de Médicos de EsSalud, CMP); y otras organizaciones de trabajadores de salud, soliciten a las autoridades del gobierno la revacunación, obteniendo respuesta negativa a ello. Esta es una demostración del desprecio y actitud mezquina del gobierno del señor Sagasti ante los trabajadores y profesionales de salud, y los riesgos que enfrentamos.
Finamente, el Decreto de Urgencia 051-2021 del 27 de mayo, en la Única Disposición Complementaria Final dispone el retorno del personal de las entidades públicas del sector salud al trabajo presencial. Si el Gobierno ha dispuesto la revacunación del señor Martín Vizcarra con la vacuna Pfizer, después de haber recibido las vacunas de Sinopharm; si el ministro de Salud y el mismo presidente Sagasti se han vacunado con Pfizer, por qué negarnos el derecho a los trabajadores y profesionales de salud a la revacunación con Pfizer, considerando que es una protección más eficaz contra el covid-19… ¿Qué pretende el gobierno del señor Sagasti? ¿Que mueran más trabajadores de salud que están en primera línea?

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