Se supone que las entidades recaudadoras de los tributos, como son impuestos, contribuciones y tasas, deberían otorgar las máximas facilidades a los contribuyentes para que puedan hacer sus pagos de tributos, en cumplimiento de la normatividad legal. Penosamente, por lo general, no es así.
Los sucesivos ministros de Economía y Finanzas, al igual que los alcaldes, se quejan muchísimas veces que los recursos con los cuales cuentan, es decir sus ingresos, no aumentan a la par que los egresos que tienen que afrontar y dan pautas a los entes recaudadores para que sean lo más eficiente posible en la cobranza de los adeudos tributarias.
Si bien es cierto que el mandato constitucional ordena que exista balance entre ingresos y egresos fiscales, no es menos cierto que ello se da en la teoría, pero no siempre en la práctica.
En el caso municipal la cosa es de terror, los alcaldes requieren hacer más obras pues ello es lo que exigen los vecinos y ellas son la prueba de su gestión exitosa. Empero, la administración tributaria edil no va acorde con las exigencias de los concejos municipales que por lo común coinciden con las del vecindario.
Los tributos municipales están constituidos por el Impuesto Predial, la Alcabala, el Impuesto al Patrimonio Automotriz, el Impuesto a las Apuestas, el Impuesto a los Juegos y el Impuesto a los Espectáculos Públicos, que se supone que los más interesados a que ellos se paguen y a tiempo son los propios municipios. Igual puede decirse de las multas por infracciones de tránsito.
La Municipalidad de Lima Metropolitana, que es la que mayores ingresos requiere en el país, creó hace muchos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se supone debería tener personal muy entrenado en sus funciones para que exista más recaudación y que debería otorgarle todas las facilidades a los contribuyentes para que cumplan con sus deberes impositivos.
Lamentablemente la realidad es diferente, pues pese a las lindas y confortables oficinas descentralizadas que tiene el SAT, con funcionarios amables y sonrientes, el servicio que prestan muchísimas veces no es eficiente.
Se supone que quien tiene la intención de pagar sus obligaciones tributarias municipales, hace hasta cola para ello y llega a la ventanilla de pago, pues no lo puede hacer ya que le encontrarán algún “pero” en el formulario y si tiene que presentar documentación, como es el caso del Impuesto de Alcabala en que se tiene que calcular el tributo, relacionado con el precio pactado, ya la cosa alcanza niveles apocalípticos.
En efecto el funcionario que mirará la papelería del contribuyente objetará hasta el punto y coma, y en lugar de facilitar el pago que tanto ansía el alcalde, no recibirá un centavo partido por la mitad, ya que ordenará al contribuyente rehacer el formulario o cambiar determinada cláusula del contrato o lo que sea. Nada de facilidades, aunque todo de complicaciones, además de inmiscuirse en lo que no es de su incumbencia.
Algunos contribuyentes regresarán, pero otros no aparecerán nuevamente, con lo que no solo se recibirá menores ingresos municipales, sino que se propiciará más informalidad.
Entiendan por el amor de Dios que los recaudadores no son fiscalizadores y que la fiscalización es una etapa posterior. Reciban los pagos de los contribuyentes con cargo a ella, pero no dejen de recepcionarlos. A quienes quieren pagar, como señala antiguo dicho: puente de plata.

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