Francisco Sagasti enfrenta su primera prueba de fuego: el Paro Agrario, que hasta ahora exhibe la muerte de dos jóvenes: Jorge Muñoz (19) y Mario Fernández (23), el cierre semanal de la carretera Panamericana -con una pérdida de US$ 3 millones diarios- y la derogatoria de la Ley Promoción Agraria (LPA).
Con cinco conflictos nacionales en marcha, pasar de analista y crítico a gestor, es un difícil trance que conlleva riesgos; por lo pronto, el presidente ha impulsado la creación de una “supermegacomisión” integrada por 11 congresistas y representantes del Ejecutivo, gremios empresariales y sindicatos, con la misión de elaborar en 15 días una propuesta que reemplace a la satanizada LPA que convirtió al Perú en una de las despensas del mundo. La torre de Babel.
Todo comenzó el lunes 30, cuando trabajadores de varias empresas agroexportadoras iqueñas (RVR, Sol de Villacurí, Global Agro, etc.) liderados por Julio Carbajal, iniciaron el paro que se propagó al Valle de Chao (Camposol, y la chilena Hortifrut); que exigen un aumento del 78 % del jornal diario (de S/ 39.19 a S/ 70) a la vez que denuncian maltratos por extensos horarios de trabajo con horas extras obligatorias. Ica cuenta con el 30% de las empresas agroexportadoras que exportan 20 cultivos.
La LPA (2000) establecía un impuesto a la Renta de 15%, depreciación acelerada en 5 años, devolución anticipada del IGV y un aporte de 4 % a EsSalud. Inicialmente regía diez años (2011), pero luego se amplió por otros diez años (2021) y luego, Martín Vizcarra mediante un Decreto de Urgencia la prorrogó diez años más (2031). Un exceso.
Esta última ampliación que modificó el artículo 7 estableció una remuneración diaria de S/ 39.19, que incluye la alícuota del sueldo mínimo de S/ 930 (S/ 31), CTS (S/ 3.02) y las dos gratificaciones (S/ 5.17), atando la remuneración al sueldo mínimo, así como disponía también elevar paulatinamente el aporte a EsSalud hasta llegar a 9% en el 2029.
Mientras los gremios empresariales señalan que gracias a la LPA la exportación agrícola ha pasado de US$ 644 millones (2000) a US$ 5,933 millones (2017), Eduardo Zegarra de Grade señala que en realidad no es tanto, sólo el 50% del monto, porque se agregan productos como café, banano y cacao que la ley no incluye, así como la leche evaporada y azúcar.
Sin embargo, pese a la bonanza agroexportadora que no se resintió con el confinamiento de la covid-19, muchas empresas se acogieron al programa Reactiva Perú (S/1,215 millones). Cuatro empresas del grupo Hortifrut y Talsa (US$ 220 millones de exportaciones) recibieron S/27.7 millones, La Venta y Chapi de la familia Baertl S/18.5 millones, Rapel y Verfrut de la familia Eyheralde S/13 millones, Danper y subsidiarias S/12.6 millones, mientras que Don Ricardo, AIB, Pampa Baja, Saturno, Industrial Beta, Virú recibieron S/10 millones cada una. Bueno es culantro, pero no tanto.
Queda claro que los beneficios tributarios potenciaron la agroexportación, pero estos no deben ser permanentes. Deberían durar un plazo determinado para cada empresa (¿20 años?), hasta que esta se consolide, con el fin de seguir impulsando otros productos, por ejemplo, la piscicultura, el sector forestal y además otros cultivos de nuestra inmensa biodiversidad.