Francisco Sagasti no es legítimo jefe de Estado. Es un mandatario de tránsito digitado por el Congreso para administrar el país durante pocos meses. Su misión elemental es cuidar que el Estado lleve adelante –de la manera más pulcra, transparente, eficaz- las elecciones de abril 2021. En todos los demás aspectos de gobierno –empezando por la Salud, Economía, Seguridad Ciudadana, etc.- su función es supervisar que la administración pública ejerza las labores de la mejor manera posible. Sagasti no está legítimamente facultado por el voto ciudadano para imponer políticas ni alterar las que introdujeron los gobernantes elegidos en las urnas –no por el Parlamento- el último de los cuales fue Pedro Pablo Kuczynski. Constitucionalmente, ejerce el cargo porque el Legislativo vacó a su predecesor por incapacidad moral, debido a innumerables casos de corrupción, obstrucción a la Justicia incluida la manipulación de pruebas, etc. No para alterar las políticas de gobierno. Para eso lo que hace falta es aquella legitimidad que sólo da una elección general. Condición a la cual nunca se ha sometido Sagasti. En consecuencia, yerra el presidente accidental Sagasti al proponer cambios dentro de la Policía, por ejemplo. En sólo cuatro meses el Perú tendrá una nueva gestión de gobierno. Es a ella a la que le compete hacer los cambios que crea necesarios para mejorar unas desastrosas gestiones de gobierno. Especialmente, la del impresentable ex gobernante Vizcarra, imputado por corrupción, traficante de influencias, obstructor de la Justicia y manipulador de subalternos. Infame autoridad causante de decenas de miles de muertes innecesarias por su deplorable, delictiva gestión ante la pandemia. Y por si fuera poco, golpista orgulloso de haber clausurado un Legislativo porque no le dejaba gobernar. Un individuo tan pervertido y procaz que, debiendo ya estar tras las rejas, intenta postular a una curul parlamentaria con semejante carga delictiva encima.

Volvamos al presidente de turno Sagasti. Este ciudadano disfraza sus intenciones bajo un halo buenista, cultivado, incluso poético, mientras tras bambalinas permite que sus partidarios moraditos copen el Estado, para entre otras ilicitudes dirigir las elecciones y, por arte de magia obtener –como él consiguió su presidencia- los votos que no les daría la sociedad en comicios limpios. Sagasti maneja su figura con un malicioso doble juego. Apenas sentado en palacio, renunció a su minipartido. Sin embargo, nunca renunció a su candidatura a la vicepresidencia de la República por aquella agrupación. De esa forma, Sagasti ha desnaturalizado cualquier neutralidad de su gestión frente a los próximos comicios. Imparcialidad que no la permite un doble juego. Por un lado, actuar como jefe de Estado. Y en simultáneo, como candidato a la vicepresidencia del país, integrando una plancha que, dentro de cinco meses, buscará el voto ciudadano para que, en adelante, Sagasti ocupe el cargo de primer vicepresidente. La progresía marxista o caviar que se rasga las vestiduras pregonando su moralidad, ¿qué opina de este doble juego? ¿Es ético? ¿Qué dicen el Congreso, el Jurado de Elecciones, el TC y esa prensa corrompida sobre esta doble condición del mandatario-candidato?