Pasar al retiro a 20 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para llegar al ‘preferido’ del régimen, general César Cervantes, hoy director de la PNP, es un acto antidemocrático propio de un gobierno autoritario. El Congreso designó a Francisco Sagasti presidente de la República para que encabezara un gobierno de transición, por tan solo 8 meses. Nada más.

Sagasti no fue elegido por voto popular. Está en la presidencia para asegurarnos elecciones limpias, un tránsito seguro hacia un nuevo régimen. Sin embargo, con maneras dictatoriales, su primera medida -por encargo-, es la ‘razzia’ de la Policía, totalmente ilegal. Para colmo, el general Cervantes está seriamente comprometido en el asesinato de Gerson Falla, previa tortura, en la comisaría de San Borja, donde fue comisario.

Cervantes obstruyó las investigaciones, aún no hay sentencia. Nada dicen los organismos de Derechos Humanos porque están altamente politizados. ¿Se acuerdan del sufriente padre de Gerson Falla, luchador incasable para que se castigue a los asesinos de su hijo?

Igual ocurre con los dos jóvenes que murieron en las violentas marchas organizadas contra el expresidente Merino. Es improbable que el presidente Sagasti, los ministros del Interior y Justicia desconozcan que tenían antecedentes policiales y una sentencia judicial. Deberían pronunciarse.

Toda la violencia vivida fue organizada milimétricamente por la coalición vizcarrista. También la elección del presidente del Congreso, se realizó solamente entre los que estuvieron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. ¡Plof! Los demás fueron proscritos, no podían postular, evidenciandose el blindaje a Vizcarra.

La Policía sabe perfectamente quiénes causaron la muerte de los dos manifestantes. Pero la Fiscalía, un apéndice de Vizcarra, sacó a la Dinincri de la investigación. Mientras esta concluya se desprestigia de manera venal a la PNP. Siempre con el respaldo de los medios. Similar a la campaña de demolición contra el fiscal Gonzalo Chávarry y el Congreso.

Ahora el barro le llega a las fuerzas del orden, al expresidente Merino y al expremier Ántero Flores. Los aniquilaron con campañas mediáticas, endosándoles el mote de asesinos. El gobierno de Sagasti –quien se cree el reformador- está asentado en este psicosocial. Para mantenerlo necesitan tapar la verdad sobre las violentas marchas. Por eso descabezan a la PNP y usarán la institución para el reglaje y el chuponeo.

La esposa del ministro del Interior trabaja en el Estado sin tener título revalidado por SUNEDU. No causa alarma. Tampoco que el presidente y sus ministros no presenten su declaración jurada de bienes e intereses. Adicionalmente este gobierno exonera de sanción a quienes no la presenten.

Quien dijo fue secuestrado tres días por el grupo Terna, mintió. Los desaparecidos no existen fue un psicosocial. El Estado se llenó de humalistas, vizcarristas, mientras el desempleo crece. Nadie en su sano juicio puede creer que este será un buen gobierno. Montesinos ha sido superado.