Se está acabando el tiempo…

Se está acabando el tiempo…

Y el país no puede seguir esperando. El Perú no es un laboratorio para hacer política, y permitir que se siga ensayando con elementos o instrumentos, por decir lo menos, inadecuados y que, en algún momento, esas “probetas” de experimentación estallarán en las manos de las personas que las manejan.

Después de cinco meses en la conducción de la administración del Estado, el primer mandatario y el grupo de integrantes que lo acompañan, y que con inusitada rapidez son cambiados por sus malos antecedentes personales o falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, no ha sido posible ver, ni siquiera lejos, una luz al final del túnel que nos permita avizorar una mejoría en la conducción de la administración de la cosa pública.

Se han llenado los medios de comunicación y seguirán produciéndose noticias, sobre el actuar del actual gobierno, que incrementa la preocupación de la población peruana sobre lo que le espera en los próximos meses, de este año que recién se inicia.

El funcionamiento de un sistema democrático, como el nuestro, además de ser representativo es participativo; es decir, cuenta con una serie de instituciones políticas que permiten que, además que la ciudadanía elija a sus representantes, quienes actúan en su nombre y representación, también instrumenta su funcionamiento procurando de que el pueblo pueda actuar directamente, participando en el ejercicio del poder como, lo más importante, controlando también directamente a quien lo ejerce.

Ese mecanismo de control del poder es la revocatoria, como alternativa que el pueblo tiene de, así como tiene el derecho de dar poder, tiene igualmente el derecho de quitarle el poder a quien se lo otorgó; obviamente, mucho antes que termine el periodo para el que fuera elegida la autoridad.

En el caso peruano, se implementó dentro de nuestro ordenamiento constitucional, únicamente para utilizarse contra las autoridades regionales, municipales electas, o los jueces que asuman el cargo por elección popular. Pero, dentro de este grupo de autoridades electas no se incluyó a la presidencia de la república ni tampoco a los congresistas. Limitación ésta última que no permite que el pueblo pueda “corregir el error” que cometió al momento de votar. Esta es una desnaturalización de la revocatoria que siempre he reclamado para que se aplique contra todas la autoridades que asuman el cargo por elección popular.

Pero, como no podemos quedarnos con los brazos cruzados y culpar al Congreso de obstruccionista, debemos recordarle a la representación parlamentaria que en sus manos está, en el ejercicio de su control político, usar los instrumentos que nuestro ordenamiento constitucional contiene, como es la vacancia por incapacidad moral permanente y que, en forma reiterada lo he comentado, no necesita ninguna modificación ni menos interpretación por parte del Tribunal Constitucional.

En todo caso, si se quisiera mejorar el efecto de esta causal de vacancia, dejando al pueblo peruano que sea el que decida sobre su propio destino, se podría proponer que, de aplicarse la vacancia por esta motivación, debe comprender a toda la plancha presidencial electa y el presidente del Congreso, en lugar de convocar sólo a elecciones presidenciales, debe, en su lugar, convocar a elecciones generales, de manera que se logre la renovación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.

Por lo tanto, en las manos del pueblo debe quedar la decisión del rumbo que debe dtomar el funcionamiento de nuestra democracia.

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