¿Se ha completado la reforma procesal penal en el Perú?

¿Se ha completado la reforma procesal penal en el Perú?

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 (Decreto Legislativo No. 957) en el distrito judicial de Lima Centro, se completó finalmente el calendario de su implementación después de algo más de quince años de un proceso de reforma progresiva.

Luego de este largo proceso de implementación recién podemos apreciar las virtudes y defectos que trajo consigo este modelo procesal sobre el que se depositaron las esperanzas de una mejor justicia penal, esto es, procesos penales más expeditivos, transparentes y que contengan decisiones de mejor calidad.

En cuanto a sus virtudes, el código en mención aportó institutos novedosos como el control de plazos, el control de legalidad de medidas limitativas de derechos fundamentales, la exclusión de prueba ilícita, la tutela de derechos y el control de la acusación. Estos institutos, que ofrecen garantías a los justiciables y constituyen un freno a los excesos en la persecución penal, han sido flexibilizados en aras de no disminuir la eficacia punitiva.

Un ejemplo de ello es que una vez declarado fundado el control de plazos y, por lo tanto, corresponde la conclusión de la etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria, el pronunciamiento fiscal al respecto demore días o meses y, en ese intervalo, se sigan actuando diligencias de investigación aun cuando la preclusión procesal ha operado desde que el juez declaró fundado este control.

Otro ejemplo se presenta con la inobservancia abierta de los protocolos sobre la obtención de evidencias materiales, que conlleva a la ausencia de registros, informes, irregularidades y rupturas de la cadena de custodia, pero que se pasan por alto para no despojar de las principales pruebas de cargo al Ministerio Público.

Entre sus defectos, el código presenta deficiencias o silencios para regular algunos institutos, lo cual ha dado lugar a los llamados “acuerdos plenarios”, pero que como debe ser, no han significado modificaciones de su texto (pese a la exigencia de respeto a la legalidad procesal).

Ejemplo de ello son la ausencia de regulación de supuestos de transferencia de competencias no previstos taxativamente, la falta de determinación de competencia de los jueces unipersonales para resolver las pretensiones civiles que subsistan luego del sobreseimiento del extremo penal, la suspensión de la prescripción de la acción penal por acusaciones directas o incoación de procesos inmediatos y otros temas que todavía no han sido desarrollados ni siquiera por la doctrina jurisprudencial nacional.

Entre estos últimos están, por ejemplo, los efectos del abandono del actor civil en el juzgamiento o la falta de dirección judicial de las actuaciones de cámara Gesell como prueba anticipada.

Desde nuestro punto de vista, la reforma procesal penal no se ha completado, puesto que después de quince años de experiencias en los diversos distritos judiciales y fiscales de nuestro país deberíamos contar con una evaluación final e integral de sus aspectos positivos y negativos y cuáles son las medidas que aún faltan implementar para continuar con la mejora del sistema de justicia penal, además de la necesaria depuración de algunas normas que estuvieron vigentes con el antiguo Código de Procedimientos Penales y que deben revisarse y adecuarse al nuevo sistema.

Sin embargo, no existe tal evaluación y parece que tampoco una visión sobre el futuro de nuestro proceso penal, sino únicamente la atención a los problemas inmediatos y una afligida e incompleta conclusión de un proceso de reforma.

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