Al parecer tendremos que acostumbrarnos hasta no se sabe cuándo, ver y oír al Presidente haciendo balances de contagios, curaciones y muertes provocados por el Covid-19, así como enterarnos por los medios de comunicación sometidos al régimen, propalar con bombos y platillos, que ya se está solucionando el problema de la falta de oxígeno, que los hospitales han incrementado aunque sea en un pobre 30% el número de camas UCI y que se dispone de una mayor infraestructura para albergar a los infectados, como grandes logros que se materializan cuando ya hemos concluido el tiempo de la cuarentena e iniciamos un proceso de reactivación, es decir, cuando ya se murió un mundo de gente en condiciones deplorables de atención.
En el aló mediodía del último día de cuarentena esperábamos que el Presidente dejara de hacer balances de muertos que ya conocemos de sobra y se centrara en mostrarnos la política del gobierno hacia el futuro para saber por dónde vamos a caminar para salir de esta terrible situación de insolvencia nacional, cómo reducir el porcentaje de extrema pobreza y restablecer el equilibrio en las relaciones jurídicas que se vieron afectadas no por voluntad de las partes sino por decisión del gobierno para enfrentar la pandemia.
No sostenemos que se deje de pagar o incumplir las prestaciones asumidas por cada quien, salvo que el deudor se haya visto impedido de hacerlo por culpa o acto del acreedor, pero sí apoyamos, especialmente en la relación con los bancos e instituciones financieras, procedimientos obligatorios de refinanciación de deudas reduciendo los intereses usureros que aplican, estableciendo una nueva calendarización para las amortizaciones correspondientes, porque el dinero tardará en moverse al ritmo pre pandemia cuyo proceso de desarrollo progresivo de las actividades económicas también las está imponiendo el gobierno.
A propósito, tampoco nos dijo nada sobre la reforma del sistema de justicia, ni sabemos nada de la Junta Nacional de Justicia, ni qué pasará con el Jurado Nacional de Elecciones o con el Tribunal Constitucional, aunque esto le corresponda al Congreso al que no se le puede pedir demasiado por su débil posición frente al Ejecutivo que si quiere nos puede mantener en estado de emergencia por un año más, gobernando con decretos que nadie controla.