Hasta que por fin la ministra de Salud dio las cifras reales del Covid-19: 43,000 muertos y 5,000 contagios diarios. Aterrador. Sea por tener un pariente enfermo o porque la realidad no se puede ocultar, la mayoría de peruanos sabía que las cifras del gobierno eran mentirosas.

Cuando la OPS anunció que superábamos los 40 mil muertos, el exministro de Salud soltó muy orondo: “nosotros tenemos otra opinión”, soslayando su responsabilidad. Martín Vizcarra divulgó esas cifras falsas, sabiéndolo y pensando solo en su imagen, construida gracias al apoyo de los medios. Cumplida la cuarentena, la prensa sigue mandando sus preguntas por escrito a Palacio de Gobierno, donde se seleccionan las más convenientes.

Antes de otorgar la confianza el Congreso debe exigir, en nombre de los ciudadanos, una explicación de las tremendas falsedades divulgadas. Han muerto 43,000 personas y serán más. Es claro que al régimen no le importa la vida y la salud de los peruanos. Los ha dejado a su suerte y eso viola las leyes.

El Parlamento tiene que llegar a la verdad sobre la negativa rotunda de aplicar pruebas moleculares masivamente, lo que linda con el delito para muchos. Todos saben, incluido Vizcarra, que estas son la única vía para detectar el coronavirus. No haberlo hecho trajo como consecuencia la dolorosa mortandad que tenemos, ha contribuido a falsear las cifras e impidió cercar al virus.

La Contraloría hizo una evaluación. Pero hasta hoy no conocemos por qué el gobierno actuó de manera tan siniestra. Imposible alegar ignorancia o desinformación. Se ha malversado nuestro dinero y provocado un derrumbe económico difícil de superar.

Los casos de Mirian Morales, Richard Swing, familiares y amigos de Vizcarra contratados a dedo por esta administración son pestilentes. Cualquier otro gobernante ya hubiera sido obligado a declarar públicamente sobre esto. Pero Vizcarra tiene un ominoso manto de protección de los medios.

A estos se suman las denuncias contra la ministra de Economía sobre contratos de su padre y de su tío con el Estado a través de la firma Hidroenergía Consultores por S/1,557,000, prohibidos por ley. Se divulga poco y el régimen no dice nada. Encima, la titular de Economía anuncia una reforma de las contrataciones con el Estado, cuando debería renunciar.

A Keiko Fujimori la encarcelan por el ‘chat’ La Botica, al fiscal Gonzalo Chávarry lo destituyen por una mentirosa vinculación con “Los Cuellos Blancos”, pero Vizcarra y sus ministros pasan piola. Hay dos renuncias al consejo consultivo de la JNJ. Veremos si Nadine Heredia tiene vara en el Poder Judicial gracias a un exministro suyo.

Agréguese el descarado ‘chanchullo’ de las ‘tablets’ del Ministerio de Educación. La licitación se cayó y va a ser adjudicada directamente y probablemente habrá irregularidades. El Congreso está obligado a abrir los ojos y dilucidar las denuncias contra los ministros en funciones.