Por Enrique Carrillo Thorne

El candidato Pedro Castillo ha prometido, si accede al poder, realizar una segunda reforma agraria. Su ideología tiene como modelo la reforma agraria de la dictadura militar de Velasco Alvarado, que destruyó la producción agrícola, agroindustrial y ganadera del Perú. No bastó en la experiencia colectivista con el Decreto Ley 17716 para confiscar la propiedad privada, sino fue necesario enfrentar al país introduciendo el odio y la lucha de clases. Los que se opusieron a la reforma agraria, fueron procesados penalmente en el Fuero Militar. SINAMOS se encargó de ensalzar a los campesinos y satanizar a los ingenieros y técnicos del campo, para desgracia de los primeros.
Las cooperativas de producción, las SAIS y ERPS, impuestas por el Estado para gestionar los fundos y haciendas despojados a sus dueños, se convirtieron en centros de adoctrinamiento marxista y corrupción. Los méritos personales de los trabajadores fueron reemplazados por la militancia y el clientelismo socialista.
Aplicaron controles de precios a los alimentos y monopolizaron el comercio exterior a través de ENCI y ECASA, empresas públicas ineficientes y podridas que pulverizaron los precios de los productos nacionales por la importación con dólares subvaluados, de alimentos subsidiados en sus países de origen, para ruina de agricultores y ganaderos del país.
En pocos años, la falta de inversión y gestión provocó que los cultivos se agotaran, las máquinas se fundieran y los animales fueran beneficiados para seguir alimentando la pobreza. En la década del 70, mientras la población crecía al 2.8% el agro lo hacía al 0.8% anual; el PBI per cápita agrícola bajó de US$250 el año 1970 a US$193 el año 1980. Pasamos de ser exportadores agropecuarios netos y autosuficientes en alimentos, a ser importadores de arroz corriente, trigo y maíz de segunda, leche en polvo, y, por primera vez en la historia nacional de azúcar, modificando los hábitos alimenticios del pueblo hacia la dependencia de productos extranjeros de mala calidad.
Ante la miseria y el abandono rural, que abonaron decididamente el terrorismo y narcotráfico, en 1980 los beneficiarios de la reforma agraria rechazaron el modelo colectivista y se repartieron las tierras rústicas en parcelas. Cada campesino se hizo dueño de su terreno, en un destino informal y doloroso, cuyo proceso social y económico no termina aún, pero que podría agravarse si volvemos al comunismo.
Cuarenta y tres años después, el IV Censo Nacional Agropecuario mostró que en el campo predomina el minifundio, de manera que más del 80% son parcelas de 5 hectáreas o menos, inviables económicamente, habitadas, además, por personas con más de 55 años porque la juventud ha emigrado a las ciudades en busca de oportunidades, dejando paulatinamente el campo.
El desastre socialista ha sido parcialmente corregido en la costa, gracias a la Ley de Promoción Agraria del año 2000, empero, fue derogada por la violencia populista y desgobierno del año 2020. Una segunda reforma agraria estatista traería nuevamente miseria, despoblamiento rural y terror, que terminarían de arruinar al país en pandemia.

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