Al momento de enviar este artículo la ONPE todavía no había procesado el 100% de las actas de votación referidas a las fórmulas presidenciales provenientes de la jornada electoral del pasado domingo 11 de los corrientes (aunque ya estaba cerca al 90%) pero la votación obtenida por Fuerza Popular iba en progresión creciente superando a la de Avanza País, de modo que es previsible que en la segunda vuelta electoral para elegir a la autoridad que se hará cargo del Poder Ejecutivo nacional estará presente Keiko Fujimori.
Como anticipé en mi artículo de la semana pasada “¡Keiko presidenta!” mi voto fue a su favor y mi augurio –que confío ha de materializarse- es porque ella sea la primera mujer en alcanzar la más alta jerarquía al servicio de la Nación. Suficientes méritos tiene para ello.
En un contexto de 18 candidaturas presidenciales, resultaba también previsible que hubiera segunda vuelta. Lo que no era previsible, por lo menos hasta hace una semana, era que el competidor en el balotaje no fuera ninguno de los “favoritos”, y lo pongo entrecomillado para resaltar lo extraño que lo fueran quienes era evidente tenían menos condiciones que otros candidatos y terminaron relegados a un quinto y octavo lugar.
El ganador relativo en la primera vuelta, con menos de 20% del total de votos, resultó una persona que hoy representa la ideología de izquierda marxista leninista maoísta más extrema, según algunos cercana al llamado “pensamiento gonzalo”.
Así las cosas, la segunda vuelta electoral supondrá, inevitablemente, contrastar ideas y planteamientos claramente opuestos respecto al rol y poder del Estado frente a las libertades individuales, económicas y sociales de la persona; también la integración o aislamiento del Perú en el contexto internacional. Estos temas globales serán el marco para debatir temas puntuales.
Se trata de asuntos trascendentes respecto de los cuales la Constitución de 1993 que nos rige ya tiene una posición tomada, razón por la que el candidato de izquierda plantea su cambio. Este cambio, sin embargo, requiere ser aprobado por mayoría calificada en el Poder Legislativo, al que es previsible accedan 10 fuerzas políticas, sin mayoría absoluta de ninguna de ellas.
En consecuencia, más allá del evidente poder para ejecutar gasto y decidir sobre la burocracia estatal que tiene un presidente de la República, el candidato marxista aparece más débil y mediatizado que su contraparte en cuanto a la posibilidad de hacer efectivas sus propuestas y de darle tranquilidad y bienestar al país en una coyuntura de grave crisis social, económica y sanitaria por la que atraviesa.