El actual escenario político del Perú está marcado por una fuerte polarización y una gran preocupación por la soberanía nacional, debido las opiniones contrarias al gobierno peruano por parte de los presidentes de izquierda de la región latinoamericana (lo cual lleva a pensar en sus intenciones geopolíticas), y a los llamados a la rebelión, radicalización de la protesta y separatismo en departamentos del sur, que se han mantenido principalmente en Puno, donde se ha perdido el principio de autoridad.

En las últimas décadas el Perú no se ha encontrado en una circunstancia similar, en que la seguridad nacional se ve comprometida por asuntos internos y externos. Algo que sucede en un momento clave para el país, que es el contexto de la construcción del megapuerto marítimo en Chancay, de financiamiento chino, el cual cambiará la dinámica comercial en toda la región sudamericana, reestructurando la geopolítica.

A lo anterior, se suman las proyecciones de extracción e industrialización del mineral con el que se fabrican baterías para autos eléctricos, celulares y demás tecnología: el litio, que se encuentra en el sur del país. Según algunos expertos, existiría una veta importante en Puno, que podría permitirnos abastecer parte de la demanda energética mundial de los próximos años, trayendo grandes beneficios para el Perú.

Esta reestructuración de la geopolítica regional puede no agradar a todos, principalmente a nuestros vecinos que vean mellados sus intereses económicos, lo que pone al Perú en una situación compleja en el marco de las protestas de los últimos meses, pues la posibilidad de injerencia extranjera es latente.

Desde una perspectiva netamente institucional, debido a esto, el Perú necesita mostrar solidez frente a los intereses de naciones extranjeras, y para eso muy probablemente buscará la forma de fortalecer su soberanía y asegurar el orden interno. Sin embargo, debemos considerar que las instituciones peruanas (todas), se encuentran en un aprendizaje constante frente a escenarios dinámicos y de los cuales no se tiene total comprensión.

El fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden, la negociación política entre las fuerzas institucionalmente representadas y el retiro de embajadores de países que amenazan nuestra seguridad nacional, son acciones coherentes con este proceso de retroalimentación del Estado frente a la actual crisis y los riesgos que trae.

Pero esta reacción institucional no es exclusiva de instancias estatales. El que, actualmente, uno de cada cuatro peruanos piense en votar por un líder que ponga orden con “mano dura”, como demuestran recientes encuestas, también responde, desde la ciudadanía, a la necesidad del Estado de mantenerse cohesionado y asegurar su soberanía; lo que lleva a reflexionar sobre el futuro del país a mediano plazo, pues de no superarse los problemas que ponen en riesgo la seguridad nacional, es probable que alguien con esa característica sea elegido en las próximas elecciones.

A pesar de lo difícil de la circunstancia, y de todos los errores y posibles excesos (que deberán investigarse), el Gobierno ha sido capaz de mantener el Estado de Derecho (aun teniendo en cuenta el desgobierno en Puno) y asegurar el principio de autoridad y orden en el país, evitando que la crisis llegue a niveles incontrolables.

En este sentido, el premio nobel, Mario Vargas Llosa, al recibir la Orden del Sol el miércoles pasado, se refirió a la importancia de que el Gobierno haya podido sostenerse en el marco de la legalidad, y recalcó que la separación de poderes y el funcionamiento institucional autónomo son lo que configura una democracia, algo que en el Perú se mantiene.

Lamentablemente, a pesar de todo, el manejo de la crisis aún parece insuficiente para superar los problemas que afectan la seguridad nacional, por lo que solo queda esperar que el Gobierno y las instituciones del Estado encuentren mecanismos para responder a la crisis, y logren encauzar al país en el marco de una dinámica política democrática, que permita superar la polarización exacerbada, entrar en un proceso de diálogo en el marco de la ley y maximizar los beneficios comerciales y económicos de los proyectos venideros, para así reducir los riesgos a la seguridad nacional y fortalecer nuestra soberanía, confiando en que el país no tendrá la necesidad de reclamar “manos duras” en el futuro.

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