La ola de violencia contra las mujeres y el entorno familiar es incontenible, por más marco jurídico existente en prevención y defensa de las víctimas, todo parece ser letra muerta, en la cara nos estallan las dolorosas estadísticas, 23 mil llamadas a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para reportar hechos de violencia solo entre enero y febrero de este año, la mayoría por violencia física (7,455).

A su vez los 600 casos reportados por el Poder Judicial en el mismo periodo y alrededor de 30 feminicidios y, que al cierre de marzo, deben haber aumentado exponencialmente, siendo la tendencia al alza y con proyección a superar las del 2022.

¿Cómo mitigar esta problemática hasta lograr erradicarla? De sobra sabemos que la raíz de todo esto es el patriarcado y el machismo, que tienen en común la supremacía del hombre sobre la mujer, a quien consideran inferior y la subordinan, todo lo que está internalizado en nuestra sociedad y que ocasiona una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres del 74.9 % al 2022, según el Índice Global de la Brecha de Género; por lo cual siendo realistas este es un trabajo de largo aliento, que no obstante requiere de medidas inmediatas dada la gravedad de los índices de violencia como fruto de la idiosincrasia del agresor que cree ser dueño absoluto de su pareja, maltratándola y negándole independencia y autonomía, hasta llegar a asesinarla, muchas veces con extrema crueldad.

Empecemos con revertir el conservadurismo en la educación que les damos a los niños y adolescentes desde el hogar y los colegios, eliminar estereotipos sobre las funciones sociales que debieran desempeñar en la sociedad, diferencia de trato entre mujeres y hombres; asimismo y en forma paralela combatir la IMPUNIDAD, en este respecto, es deporte nacional fustigar a los jueces y fiscales por su letargia en aplicar justicia a favor de las víctimas, pero nos olvidamos que hay otros actores, el caso de la Policía Nacional, donde muchos de sus miembros se rehúsan u omiten atender una denuncia por violencia de género, ningunean la situación de peligro y crisis emocional de la agredida, inacción que permite que su verdugo esté suelto en plaza, acechándola hasta matarla.

Es oportuno una campaña agresiva de concientización de los operadores de justicia, policías, médicos legistas y demás servidores públicos, del alcance de su responsabilidad, cuya conducta negligente o, en su caso, dolosa, se sanciona actualmente con cárcel de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, a cargo en el caso de la PNP del Tribunal de Disciplina, de Asuntos Internos o por Inspectoría General, cuyos órganos deben actuar de oficio.

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