Es el caballo de batalla de todas las campañas políticas, la “lucha frontal contra la corrupción”, tanto que el uso de la frase y sus similares han terminado por deslucirla, que llegado el momento, cuando se tiene el poder político y las facultades para cumplir con lo ofrecido, las autoridades una de dos, o bien se pierden en la inacción o se van por las ramas con medidas cosméticas que no atacan de raíz este cáncer que es transversal en todos los sectores socioeconómicos del país. Pareciera que a las autoridades les basta dar la apariencia de que sí se están esforzando por combatir este mal endémico, pero en la práctica sólo adoptan medidas tibias y “reactivas”, cuando el daño ya se presentó, el perjuicio ya se ocasionó, expidiendo disposiciones por lo general “sancionadoras” que no resuelven el problema, actuando “reactivamente”, cuando más bien debieran ser “proactivos”, proveerse de herramientas de acción que “prevengan” pérdidas al erario público, “anticiparse” a éstas.
Y aquí nadie pretende “descubrir la pólvora”, una de las soluciones que ya se viene probando en materia “preventiva” es el llamado “control concurrente” a cargo de la Contraloría General de la República. Esta modalidad es la que se viene aplicando en la denominada “Reconstrucción con Cambios” en el norte del país, que es una especie de “acompañamiento” en los procesos de obras ya en marcha (infraestructura), donde se evalúa el marco legal, contractual, se detectan errores que deben subsanarse para evitar perjuicio a los recursos nacionales y que sólo en el período 2017-2020 “por cada Sol que se invirtió en control concurrente, el Estado se ahorró seis Soles” (palabras del Contralor Nelson Shack ante el Congreso el pasado 8 de setiembre). ¿Que este control retrasa la ejecución de obra?, bueno el promedio se estima en 42 días adicionales, que bien los vale si se busca transparencia y calidad de gasto.
Señores del Congreso, en vuestra cancha está el aprobar las normas promovidas por la Contraloría General que buscan ampliar su radio de acción, así tenemos, el control concurrente en obras y servicios valorizados en más de diez millones de Soles, una mayor vigilancia a las “Obras por Impuestos”, a los contratos de Estado a Estado y la creación de un registro para controlar las famosas “consultorías” en el sector público, que es una forma solapada de dar trabajo a los allegados políticos de una gestión. Bastaría un Pleno que se aboque a estas iniciativas legislativas para su debate y aprobación, digo, si es que hubiera voluntad política de los parlamentarios, si se fuere consecuente en prestar batalla sin cuartel contra la corrupción. Lo demás, son fuegos artificiales o como dirían los jóvenes sólo “para la exportación”.

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