No sorprende que el encargado de la presidencia, el ingeniero Francisco Sagasti, y una Cancillería amoldada a su personalidad, calle ante la brutal represión ordenada por Daniel Ortega, sátrapa nicaragüense que ha arrestado a todos los candidatos presidenciales de oposición, a dirigentes universitarios, sindicalistas y políticos de la talla de Dora María Téllez, la mítica comandante guerrillera que en 1978 asaltó el palacio legislativo y abrió el camino al triunfo de la revolución sandinista.
Tampoco hemos escuchado la altiva protesta de aquellos embajadores retirados que han visitado y expresado su fervoroso apoyo al profesor Castillo (suponemos que por ideales compartidos y no en busca de cargos públicos), sin previamente haber deslindado con su plan de gobierno extremista que, de aplicarse, destruiría las líneas maestras de nuestra política exterior y nos deslizaría hacia el leprosorio diplomático del chavismo.
Quizás el Gobierno, la Cancillería y esos embajadores neocastillistas callan para no incomodar a Ortega y esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que el 9 de junio, tres días después de las elecciones, y en pleno recuento de votos, proclamó a Castillo “presidente electo”, como también hicieron Evo Morales en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina y la cofradía del Foro de Sao Paulo.
Pero, además, la distinguida primera dama de Nicaragua acotó que la victoria del candidato de Perú Libre era “de todos los pueblos que, a lo largo de la historia, hemos sido ofendidos, agraviados, acribillados por el odio de los imperialistas y los colonialistas de la tierra y que hoy recorremos con valentía, con vigor, con gloria, caminos de liberación” (EFE, 10/06/2021).
La señora Ortega alega esa “valentía” sin recordar que ella y su esposo han sido implicados por las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, de la OEA y de la Comunidad Europea por el asesinato de 325 personas, el encarcelamiento de opositores y por docenas de casos de torturas, hechos que investiga la fiscalía de la Corte Penal Internacional porque esos delitos calzan en la nomenclatura de crímenes de lesa humanidad.
O quizás ese silencio constituye una habilísima estrategia para recuperar el préstamo de 45 millones de dólares que Perú otorgó a Nicaragua en 1985, acción que también tomaron otros gobiernos latinoamericanos, de buena fe, para que el régimen sandinista compre alimentos para arrostrar la hambruna de su pueblo abatido por la sequía. En nuestro caso, sin embargo, no hemos recibido la devolución de un solo centavo de ese préstamo, que hoy, con intereses acumulados, debe escalar los cien millones de dólares. Es deplorable el incumplimiento de una obligación dineraria cuando Ortega sí tiene fondos para adquirir tanquetas, fusiles y bombas lacrimógenas para reprimir a la población, que en número de 80 mil han tenido que migrar hacia Costa Rica.
Entonces, nos preguntamos ¿por qué mantenemos relaciones diplomáticas plenas con un gobierno que arrasa con todas las formas de convivencia humana, que escarnece los tratados internacionales y violenta sistemáticamente los derechos humanos? Así lo legitimamos, como también lo hacen los organismos internacionales y entidades crediticias multilaterales que le facilitan créditos y auxilio económico para que sigan destruyendo a su país.
Es tiempo, pues, de replantear las estrategias de la política exterior, para evitar que nuestro hemisferio sucumba ante gobiernos totalitarios que avanzan demoliendo el Estado de derecho y las libertades cívicas, porque reciben reconocimiento diplomático de aquellos países a quienes después buscarán penetrar y destruir.
Nicaragua es, sin duda, un doloroso ejemplo de lo señalado.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a nuestra versión digital AQUÍ.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter Instagram.