Desde que anunciaron las proyecciones en boca de urna y conteo rápido de votos de Ipsos, que dieron dos ganadores diferentes con una mínima ventaja, el resultado aún no ha podido ser corroborado por los organismos electorales, que habiendo contabilizado casi el 100% de los votos, tienen pendiente de resolver las observaciones, impugnaciones y solicitudes de anulación de actas por irregularidades producidas en el proceso electoral.
Las redes sociales han denunciado diversas modalidades ilícitas para distorsionar y alterar la voluntad del elector, lo que debe ser investigado. La mayoría relacionadas a alteración de actas, reemplazo de votos, firmas falsas de miembros de mesa, muertos que votan, componendas en el conteo de votos, pérdida y alteración de actas del extranjero, actitud parcializada de algunos representantes de ONPE y JNE.
Pareciera también que los pre requisitos del personal contratado por los organismos electorales han sido su orientación política y los malos sentimientos hacia la candidata.
Fuerza Popular ha solicitado una auditoría informática al proceso de digitalización de actas. Esto podría ser determinante en los resultados finales. Existen indicios que muchas actas digitadas en el sistema de la ONPE difieren de las escaneadas, lo que hace sospechar que no hubo un riguroso control al proceso.
El sábado marchamos miles de peruanos para exigir que se respeten nuestros votos. Un día antes, el JNE nos llenaba de dudas con sus marchas y contramarchas en la ampliación del plazo de admisión de denuncias y además decidió contabilizar caprichosamente los tres días y la hora para presentar impugnaciones. Cuando la hora comenzó a correr los candidatos no tenían las actas, ni sabían cuáles habían sido observadas.
Todo lo acontecido en este proceso electoral parece ser parte de una planificada campaña de origen y modelo extranjero, aplicado con éxito en varios países de la región. Su gran objetivo: incluir a Perú dentro de la “élite” de países comunistas.
El futuro de nuestro país está en manos del JNE que no debería apurarse en dar un ganador, sin realizar antes una profunda investigación con presencia de garantes internacionales. Si no lo hiciese, la mitad de los peruanos nos quedaríamos con la sensación que el proceso ha sido amañado con la complicidad de quienes les correspondía impartir justicia.
El JNE, ante los indicios y pruebas presentadas, debe ahora mostrar transparencia e imparcialidad para esclarecer LA VERDAD ELECTORAL. Las decisiones que tome serán trascendentales para LEGITIMAR al próximo gobierno. En caso que el JNE comprobase el fraude o actos que modifiquen el resultado, correspondería al actual Gobierno dar garantías a los funcionarios de los organismos electorales y sus familias, para que puedan decidir sin presiones, ni amenazas.
Los peruanos queremos comenzar a cerrar heridas y vivir en paz. ¿Será posible?

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