Por: Ali Ríos Castro

Al final de toda relación contractual lo que corresponde es liquidarla.

Esta liquidación denominada en los divorcios (liquidación de gananciales) en la cual se detallará lo que le corresponde a cada uno, a veces resulta una situación que puede demorar años, debido a que pueden existir las denominadas “cuestiones pendientes”.

Ahora, si una de las partes de la relación contractual es el Estado y la otra es un contratista ejecutor de una obra el tema se complica y detallaremos el porqué:

El artículo 209.9 del Reglamento de Contrataciones vigente señala: No se procede a la liquidación –de obra- mientras existan controversias pendientes de resolver.

Pero la pregunta es: ¿a qué se denomina: controversias pendientes de resolver?

Si bien la Dirección Técnico Normativa – DTN del OSCE, tímidamente ha determinado que es importante precisar que si bien se estableció que “No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”, dicha disposición era aplicable cuando existían controversias sobre los conceptos que debían integrar la liquidación y no sobre conceptos ajenos a ésta. (Léase Opinión N° 020-2016/DTN).

Ahora, la siguiente interrogante es: ¿cuáles son los conceptos ajenos a la liquidación?

Recurrimos también a la Dirección Técnico Normativa – DTN del OSCE que ha expresado: en esa medida, la Entidad no podía paralizar el procedimiento de liquidación de obra ante la existencia de controversias que sean ajenas a los conceptos que la normativa de contrataciones del Estado estableció que deben integrar la liquidación de obra (como sería el caso de otros conceptos resarcitorios no señalados expresamente).

Finalmente, debe indicarse que en caso la entidad considere que existen otros conceptos resarcitorios (los mismos que deberán acreditarse según los criterios y elementos de la responsabilidad civil), estos se debían solicitar fuera del procedimiento de liquidación de obra, pudiendo requerirse antes, durante o con posterioridad a dicho procedimiento.

Es en este escenario es que en la actualidad se encuentran muchas entidades y ejecutores de obra, que NO PUEDEN LIQUIDAR una OBRA PÚBLICA (que a la fecha hasta ya están en funcionamiento o uso – según INFOBRAS) ya que aún tienen arbitrajes de materias que no influirán en la liquidación de obra, pero por la antojadiza interpretación de algunos, esperarán el “sueño de los justos”.

Por ello. corresponde al OSCE así como a los especialistas en la materia y a la CONTRALORÍA, definir claramente los conceptos que integran o no integran (arbitraje sobre resolución contractual, por ejemplo) una liquidación de obra, y a las entidades, interpretar que paralizar un procedimiento que debería ser expeditivo perjudica no solo a las partes en la relación contractual, sino a los supervisores y residentes de obra y a los usuarios de las mismas.

Si lo que busca el ESTADO es darle liquidez a los empresarios ejecutores de obras públicas, LIQUIDEMOS sin temor; ya que así -las Garantias (cartas fianza o retenciones) que no pueden ser devueltas hasta que se culmine la Liquidación– ayudaremos más que valorizando; más aún, si estos ejecutores son CONSORCIOS (tema que también tendrá su propio desarrollo en otra oportunidad en base a lo que respondió la DTN del OSCE en la OPINIÓN Nº 041-2020/DTN).