Históricamente, los países han recurrido a las armas para defender la soberanía sobre sus recursos naturales. Gracias al progreso de la humanidad, existen otras acciones que pueden ejercerse para tal fin. Precisamente, eso es lo que ocurrió mediante el Decreto Supremo 016-2020-PRODUCE, con el que el Perú, frente a las reiteradas denuncias de pescadores artesanales sobre la invasión de naves extranjeras que depredaban nuestra pota, dio un paso firme para impedir tal saqueo estimado en 50 mil toneladas anuales.

La norma exige a las embarcaciones extranjeras que capturan recursos hidrobiológicos transzonales fuera del dominio marítimo del Perú y pretenden atenderse en sus puertos, que previamente instalen el dispositivo de seguimiento satelital (SISESAT) del Ministerio de la Producción y que compartan con el centro de control, su posicionamiento digital de los últimos seis meses. De esta manera, podemos constatar que estos barcos no pesquen ilegalmente en nuestras aguas.

El dispositivo legal tuvo la virtud de reducir el número de ingresos de este tipo de más de 200 al año a menos de 20, después de su promulgación. Apenas 5 han cumplido con instalar el equipo satelital. Como dice Eloy Aroni, representante de la organización Artisonal, “La flota de calamar extranjera está oscureciendo aún más sus actividades pesqueras en alta mar con una flota con subsidios y al parecer no está dispuesta a que otro gobierno las vea”. Solo quien debe mucho, teme tanto.

Los buques con bandera china pasaron de tener más de ciento cincuenta arribos en 2019 a diez en 2021. Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo, el 28 de agosto de 2020, hasta diciembre de 2022, hubo 27 arribos forzosos de pesqueros chinos a puerto peruano. Antes de la promulgación de la norma, la autoridad no guarda registro de recaladas de naves del país asiático bajo esta modalidad. ¿Casualidad?

Según la periodista e investigadora uruguaya, Sabina Goldaracena, el potero ZHE PU YUAN 98 fue el visitante más frecuente por arribo forzoso, con la tercera parte de los ingresos de embarcaciones de bandera china de acuerdo a este modus operandi, el cual está reservado solo para extremas causas de fuerza mayor.

En 2022, acumuló la mitad de las sospechosas entradas de esa flota. Siempre solicitaron asistencia médica para tripulantes enfermos y heridos, de acuerdo a lo declarado en las protestas informativas a la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Cabe señalar que los formularios e inspecciones no siguen un patrón, ni estarían cumpliendo los requisitos de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Algo se pudre a 17 mil kilómetros de Shanghái.

Los pescadores artesanales y los diversos medios de comunicación, señalan que se estaría produciendo una tenaz presión de la delegación diplomática china hacia el gobierno del Perú, para derogar o distorsionar esta norma que ha sido la única que ha podido frenar la invasión de voraces barcos poteros en nuestro litoral. Los propietarios de dichas grandes naves no quieren ser controlados ni creen en la transparencia. El país debe pararse firme ante semejantes pretensiones imperialistas.

Debemos hacer prevalecer nuestra soberanía consagrada para los Estados por el Derecho del Mar, y es por ello que esa flota realmente perniciosa, está obligada a cumplir nuestras reglas internas mientras estén en nuestras 200 millas, lo que no colisiona con la libertad de navegación universalmente protegida. El país está vigilante y atento, nuestras autoridades deberán cumplir con su obligación constitucional o, de lo contrario, Dios y la Nación se los demandará.

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