Últimamente, EXPRESO denunció la amenaza de muerte recibida por el abogado Luis Pacheco Mandujano, proveniente de los fiscales Rafael Vela, José Pérez, Zoraida Ávalos; la procuradora Silvana Carrión y otros funcionarios del Ministerio Público sospechosos de fallecimientos relacionados con la corrupción de Odebrecht. Como el caso de Emerson Fasabi, exempleado de Ollanta Humala, y otros crímenes que acabaron archivados por el Ministerio Público, siendo fiscales de la Nación Pablo Sánchez y después Zoraida Ávalos, ambos implicados por favorecer a Odebrecht, empresa descalificada que, no obstante, hoy opera libremente bajo el alias Novonor.
Una de las últimas víctimas asesinadas en “circunstancias extrañas” fue Emerson Fasabi, exempleado de la familia Humala Heredia, sindicado como la persona que sustrajo las “agendas de Nadine”, cuyos restos se encontraron a pocas cuadras de la vivienda de Ollanta y Nadine Humala. Otro caso extraño fue el de un sobrino de Ollanta Humala, llamado Danier Seiffert, hijo de una hermana del exmandatario quien, días antes de morir, estuvo en Palacio de Gobierno conversando con su tío, el presidente, sobre la iniciativa de usar a familiares como testaferros. Días después de fallecido, su cuerpo fue encontrado con múltiples politraumatismos.
Otra muerte extraña fue la del abogado Luis Pizarro, ocurrida en 2017, de quien se sospechaba haber sido el encargado de “administrar” los fondos del clan de Ollanta Humala para solventar las coimas. Según Odebrecht, a Luis Pizarro se le entregaba dinero para distribuirlo entre las “personas adecuadas para viabilizar las obras”, tal cual ocurrió con el Gasoducto.
Demasiadas sospechas como para no presumir que las imputaciones por corrupción que recaen sobre Ollanta Humala y la Fiscalía revisten todos los visos de ser certeras. Otros hechos sospechosos que giran alrededor del más grande caso de corrupción por el que se les acusa a los Humala —el Gasoducto Sur Peruano— es que hace pocas semanas el Poder Judicial revocó una orden de prisión preventiva, por treinta y seis meses, contra Jorge Barata, quien fuera la eminencia gris de Odebrecht en el Perú. La razón que dio la Tercera Sala de Apelaciones fue que “la Fiscalía de la Nación no sustentó adecuadamente los actos procesales pendientes que justificaron la medida restrictiva”. Otra señal que imputa a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, abundando en las justas sospechas de complicidad que transpiran ambos sujetos. Y otro fracaso —¿o estrategia perdonavidas para salvar al clan Odebrecht?— de Pérez Gómez y Vela Barba, que reafirma las justificadas dudas que existen sobre ambos.
Reiteramos: el mero hecho de que esta parejita de fiscaletes no haya sustentado de manera adecuada los actos procesales pendientes contra Odebrecht es suficiente cargo para llevar a los tribunales a ambos sujetos. Como concluía la reciente nota informativa de EXPRESO: “Si bien la Fiscalía puede apelar esta resolución, el fallo pone en claro los problemas” —¿acaso inventados adrede?— “para mantener medidas coercitivas en estas investigaciones complejas”.
Lo reseñado trasluce claramente una manifiesta voluntad para ayudar a Odebrecht y respaldar a Humala, reconfirmando que, acá, ambos siguen haciendo lo que les da la gana.

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