Es lamentable seguir observando que en la toma de decisiones desde el gobierno central se siguen cometiendo gruesos errores que, por tratarse del tema de la salud, resultan ser imperdonables.
Demostrado está que, por falta de una idónea planificación gubernamental, la gente afectada por el coronavirus se sigue muriendo por no tener a su alcance elementos fundamentales, como es el oxígeno, y el incremento de contagiados no para de crecer, por la no oportuna inmunización de la población al carecer de la correspondiente vacuna.

Si esta es la realidad, cuyos datos estadísticos de todas estas carencias las venimos conociendo a través de las diarias informaciones, inducidas o no, que los medios de comunicación nos ofrecen, debemos llamar la atención al presidente de la república y a su gabinete ministerial para que, con criterio de responsabilidad y conscientes de sus limitaciones en el manejo de la administración del Estado, tomen decisiones correctivas al manejo de la lucha contra el covid-19.

El pueblo peruano no puede continuar siendo víctima de los errores de sus autoridades. Las pandemias, como la que hoy día afecta al Perú y al mundo, no pueden atenderse ni ser enfrentadas con efectividad, en atención a criterios políticos ni ideológicos; sino, en su defecto, en atención al elemento social, regulado por el factor económico, como instrumento que permite proveer a la comunidad de los recursos que ésta requiere.

Si quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública, en menos de un año, no han sido capaces de hoy ofrecernos un número suficiente de fábricas de oxígeno, que atienda la demanda nacional y que, en su lugar, tengamos que pasar la vergüenza de ser receptores de donativos privados o de un país vecino para cubrir nuestras necesidades internas; entonces, dejemos que sea la iniciativa privada la que actúe, con la eficiencia y capacidad que no la tienen las autoridades directamente responsables.

En la lucha contra el covid-19, nos enfrentamos con otra deficiencia que nos ubica en un vergonzoso primer lugar en Latinoamérica, al ser el último país en obtener la ansiada vacuna contra el coronavirus; en una cantidad que, inclusive, ni siquiera cubre la totalidad del sector de la población altamente vulnerable.

El sistema económico establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sin modificarlo ni menos pensar en una nueva Constitución, ya estableció que tenemos una economía social de mercado, en la que el Estado actúa subsidiariamente a falta de iniciativa privada.

Pues bien, si estamos en una especial coyuntura, cual es la atención de la salud de la población nacional, es impostergable la intervención directa del Estado para, con los recursos con que cuenta, tenga que ejecutar las acciones que el caso requiere pero, si para ello, como se ha comprobado, no se cuenta con el recurso humano, en número y en calidad, suficiente para actuar, entonces hay que permitir que la iniciativa privada pueda participar en esa lucha contra el mal que nos acecha.

No permitirlo y, en su lugar, utilizar argumentos inexplicables que, nadie cree ni menos entiende, se convierte en un atentado contra la salud y la vida de la población peruana, Y eso es lo que hay que evitar.