En las sociedades democráticas del mundo, se consagra el Imperio de la Ley, entendido como un régimen jurídico en el cual, los gobernantes y sus agentes, se hallan sometidos a la observancia de las normas de derecho sentadas por las leyes y reglamentos. Nuestra Carta Magna señala en su artículo 45: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Los estudiantes de derecho saben que, según el Principio de Legalidad, desde el poder solo se puede hacer aquello que está expresamente estipulado por la Constitución y la ley. El jurisconsulto inglés Edward Coke, decía en el siglo XVI que “El rey no debe estar sujeto a un hombre, pero sí a Dios y a la ley, porque es la ley la que lo hace rey”. Sin embargo, como veremos más adelante, en el Perú hay quienes, desde el Estado, parecen desconocer estos conceptos.

Ante los graves efectos que la crisis sanitaria mundial ha causado en la economía peruana, el gobierno y el sector privado han comenzado a trabajar conjuntamente para enfrentar los duros retos que pueden implicar la anunciada caída del PBI a niveles mayores del 15%. Asimismo, el aumento de la pobreza en aproximadamente un 7% (tendremos 2.3 millones más de pobres), el desempleo de millones de ciudadanos, al igual que el riesgo de cierres de industrias y sus secuelas de cesantía e indigencia. En los últimos meses, el gobierno ha publicado normas que regulan el control de contaminantes, el programa piloto para el procesamiento de materia prima importada, el monitoreo satelital para naves extranjeras y el control por procesos de las plantas pesqueras, entre otras. Estas regulaciones eran demandadas hace años por el sector productivo, para recuperar la competitividad que hoy resulta imprescindible para la supervivencia de las fuentes de trabajo.

Contrariamente a la ya comentada esforzada labor coordinadora, la Sunat viene desconociendo desde julio de 2019, la ley 28965 que la entidad aplicó durante 12 años, y que permitió un importante desarrollo de la industria atunera peruana. Ésta pasó de emplear 500 trabajadores y procesar 475 toneladas de atún en 2007, a dar trabajo a 18 mil peruanos y transformar 40 mil toneladas en 2018. El propio Produce informó que el Perú recauda más con el Impuesto a la Renta generado por la aplicación de la ley 28965, como consecuencia de la mayor producción de atún en el país. A pesar de ellos, hace más de un año la Sunat pretende que no se aplique tal régimen, vale decir, desacata una ley con la que ganan todos.

A pesar del apoyo expresado por Produce, Mincetur, PCM y otras instancias a la aplicación de la ley vigente, la Sunat insiste en soslayarla, con lo que liquidará una industria con inmenso potencial, atentará contra el empleo que tanto cuesta generar, dinamitará nuestra seguridad alimentaria y finalmente, disminuirá la recaudación fiscal que debería procurar racionalmente. ¿Quién entiende a la Sunat? ¿Está por encima de la ley, del Congreso y de los ministerios? ¿Está obligada a respetar el imperio de la ley o es un imperio sin ley?