Uno de los problemas que generó la pandemia del covid-19 en nuestro sistema de justicia fue la paralización temporal de las labores en los despachos fiscales y judiciales. Esto trajo como consecuencia la suspensión de los plazos procesales que lógicamente podían causar graves perjuicios al derecho de las partes, toda vez que las normas del proceso establecen plazos perentorios para contestar las demandas, establecer excepciones, realizar investigaciones preliminares y preparatorias, presentar observaciones a la acusación, entre otros actos. Ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito es una regla general que se puedan suspender los plazos del proceso en aras de resguardar el derecho de las partes y de los deberes fiscales y judiciales.

Caso distinto del anterior es el tratamiento del transcurso del tiempo, que produce efectos extintivos respecto a la acción, esto es, la llamada prescripción de la acción civil y de la acción penal, que en esencia difieren. Así, si en el primer caso se trata de la extinción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, en el segundo hablamos de un límite temporal al poder punitivo del Estado. La prescripción de la acción civil está regulada de manera expresa en el numeral 8 del artículo 1994 de nuestro Código Civil: la prescripción se suspende cuando no es posible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Por el contrario, en nuestro Código Penal no encontramos una regla similar.

Mediante el Recurso de Nulidad No. 616-2020/Puno, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país decidió que debían suspenderse los plazos de prescripción de la acción penal tomando en cuenta la suspensión de los plazos procesales que en su momento estableció el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, obviando que en el caso de la prescripción de la acción penal no se trata de limitar el ejercicio de un derecho, sino de establecer límites temporales a la persecución penal, que además implicaría una regla establecida por una norma infralegal y con aplicación retroactiva malam partem.

Es importante indicar que en el caso de países como Italia se ha establecido la dudosa compatibilidad constitucional de la medida con el principio de irretroactividad de la ley penal (Sentencia No. 278 del año 2020). Esta situación se ha intentado superar en el Perú alegando que las reglas de suspensión de la prescripción de la acción penal tendrían naturaleza procesal y no material. Por lo demás, las diversas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo Español han establecido la naturaleza sustantiva de las reglas de prescripción de la acción penal (STC. 63/2005, STC. 29/2008 y STC. 101/2012), lo que se desprende de su regulación como causa de extinción de la acción penal en el Código Penal y se reserva únicamente al ámbito proceso el vehículo para su desarrollo vía el planteamiento de una excepción.

El tema materia del presente artículo exige un mayor análisis considerando el sentido limitador de la prescripción penal y su vinculación con el principio de legalidad, el plazo razonable para ser juzgado y la seguridad jurídica que puede ser involuntariamente afectada por reglas incorporadas mediante la vía jurisprudencial.