No sabemos si para cuando se lean estos renglones el JNE habrá decidido si tres candidatos potencialmente presidenciables siguen en carrera o quedan excluidos de la lid. Como en el proceso electoral de 2016 en el que más de uno con posibilidades quedó fuera por faltas u omisiones en la inscripción de las candidaturas o por pasarse de generoso con las dádivas, ahora andamos con lo mismo como resultado de la verificación de la Declaración Jurada de la Hoja de Vida, Bienes y Rentas del postulante.

Hay quienes sostienen con frases hechas (v.g. el partido se gana en la cancha; que el ciudadano decida con el voto y no el JNE, etc.), que las causales para las tachas establecidas por la ley son exageradas y que atentan contra el derecho constitucional de participación política y de ser elegido. No estamos de acuerdo, porque el quid de la cuestión –o el “detalle” a lo Cantinflas- no está en la regla de la tacha y exclusión que obliga al aspirante presidencial o parlamentario a ser veraz y no mendaz en su Declaración a fin de salvaguardar el voto verdaderamente informado que emita el elector, sino en el criterio de conciencia y con arreglo a ley que debe observar el Pleno del JNE al resolver. Según los entendidos, hoy los miembros del todavía incompleto máximo órgano de justicia electoral son menos formalistas y reglamentaristas que los anteriores en la ponderación de los hechos, por lo que queda confiar que no se saque de la contienda a alguien por omitir declarar una carcocha burlando la garantía de la participación efectiva.

A pesar de la relativa confianza, deploramos que hace unos días el JNE decidiera excluir a un candidato presidencial porque la inscripción de la plancha fue solicitada por un personero “no autorizado”(¿?). Es público y notorio que este postulante se afilió al partido de marras, participó en las primarias y fue elegido democráticamente. Empero, debido a pleitos intestinos y mezquinos en la organización partidaria se ha afectado su derecho de participación política. El precedente que sentaría el JNE de no acceder a la queja presentada, sería nefasto para la vigencia de la precaria democracia interna que subsiste a duras penas en el país. ¡AMÉN!.