Este gobierno no tiene explicación coherente –desde el punto de vista de resguardar la salud de la ciudadanía, amparado en el Estado de Derecho- para prohibir que los privados importen vacunas y las distribuyan. Por ejemplo, entre sus trabajadores y familiares, ayudando al Estado a frenar la pandemia que ha segado la vida de más de 110,000 peruanos. Resulta insólito que los medios de prensa que siguen hipotecados al Gobierno por razones crematísticas silencien el atentado que viene perpetrando el régimen Sagasti, al imponernos al Estado como ente monopólico para salvaguardar la Salud Pública. ¿La excusa? Que al adquirir los privados directamente las vacunas de los fabricantes interferirían con las negociaciones estatales; o que aquello quebraría el programa de vacunación del Gobierno.

Vamos por partes. Estamos en el mes doce desde que se desató la peste del Covid en Latinoamérica. En menos de una semana se cumple también el año desde que el Perú se paralizó –y su economía quebró- porque el impresentable Vizcarra decidió internar en cuarentena a los 32’000,000 compatriotas. No obstante, desde esa misma fecha el Estado –por culpa del régimen vizcarrista- no previó medida alguna para amainar el efecto de la pandemia en la población. Conocía que los hospitales públicos estaban desabastecidos de plantas generadoras de oxígeno, camas UCI, respiradores, etc. Pero no hizo esfuerzo alguno por importar estos equipos vitales para salvar vidas. Aun ahora –doce meses después- seguimos sin estos componentes, tras haber fallecido ya más de cien mil peruanos. ¡Algo absolutamente brutal, que raya en el crimen social! Y ante lo cual tanto el gobierno de Vizcarra, como el de su clon Sagasti, carecen de explicación alguna. Salvo el silencio cómplice que guardan tercamente. Esta conducta empeorará la condena de la Justicia y del ciudadano que, más temprano que tarde, recibirán ambos gobernantes. Además todos los ministros coautores en este atentado. Sin embargo, sucede que a la par de no equipar el sistema de Salud Pública, Vizcarra engañó al país con esa fábula que Perú sería el primer país sudamericano en terminar de vacunar a su gente antes de fines del 2020. Lo dijo en junio, ¡Y no movió un dedo! Más bien metió las manos en el negociado de la vacuna china intentando monopolizar la compra al país asiático. Por si fuera poco, hizo que el médico Málaga, encargado del proyecto Sinopharm, lo vacunase furtivamente a él, su esposa y hermano.

¡Tras un año de pandemia el Perú NO tiene contratos para adquirir vacunas! Podrán haberse firmado los convenios provisionales que quieran, pero no hay un documento que obligue a algún fabricante para proveernos de vacunas. Chile, Argentina y Ecuador hace tiempo cuentan sobradamente con vacunas. Con estos gobernantes incapaces y corruptos que seguimos teniendo, no debe monopolizarse el asunto de las vacunas en manos exclusivamente gubernativas. Rusia ofrece a firme proveernos de vacunas, vendiéndolas tanto al sector privado como al público. Si Sagasti insiste en el suspicaz monopolio estatal, no se salvará de ser condenado por corrupción. Y además, por lesa humanidad.