La Ley Nº 31143, conocida como Ley contra la Usura, promulgada en marzo de 2021, representa un esfuerzo significativo por parte del estado peruano para proteger a los consumidores de servicios financieros. Según esta ley, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene la autoridad para establecer, de manera semestral, tasas de interés máximas y mínimas aplicables a las operaciones del sistema financiero.

Un aspecto clave de la ley es el establecimiento de un límite superior para los créditos de consumo y los créditos de bajo monto, específicamente para aquellos menores de 2 UIT (S/ 10,300), así como para créditos dirigidos a pequeñas y microempresas. El delito de usura se comete cuando una entidad financiera cobra una tasa por encima de la máxima; está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El BCRP ha ajustado estas tasas: para 2022, fue de 83.7%; para octubre de 2023, se elevó a 96.3%; para el periodo de noviembre de 2023 a abril de 2024 se elevó a 101.86% en moneda nacional y 82.94% en moneda extranjera; y recientemente para el semestre mayo-octubre 2024, la tasa se ajustó ligeramente a 101.66% en moneda nacional, manteniéndose en 82.94% en moneda extranjera.

El propósito detrás de la implementación de estos topes es mitigar el riesgo de impago, permitiendo que el sistema financiero pueda ofrecer crédito a clientes con mayores riesgos, como los consumidores y las micros y pequeñas empresas, con tasas que reflejen adecuadamente el riesgo asumido.

Sin embargo, la ley ha presentado desafíos notables en términos de inclusión financiera y acceso al crédito, especialmente para pequeños negocios y personas de bajos ingresos, quienes, enfrentados a restricciones en el acceso al crédito formal, han recurrido a fuentes de financiamiento no reguladas y a menudo usureras que superan tasas del 500% anual, como es el caso de los préstamos “gota a gota”; tipo de préstamo que viene incrementando la inseguridad ciudadana con delitos como la extorsión y el sicariato.

En respuesta a estos desafíos, el Congreso de la República ha considerado una modificación a la Ley Nº 31143 con el fin de suspender, de manera excepcional y por un período de cinco años, la aplicación de las tasas de interés activas máximas en operaciones de crédito de consumo y para micro y pequeñas empresas; buscando fomentar la inclusión financiera y ayudar a combatir la recesión económica que afecta a estos sectores.

Por su parte, el BCRP ha identificado dos principales efectos negativos asociados al límite máximo de tasas de interés: la exclusión de ciertos clientes del sistema financiero, quienes anteriormente obtenían créditos a tasas superiores a los topes establecidos; y una desaceleración en la bancarización de nuevos clientes sin historial crediticio. Se estima que el impacto en el primer año de implementación de la Ley, en 2021, fue de hasta 226,000 clientes afectados por estos topes, con aproximadamente 127,000 personas excluidas de la cartera de créditos y 99,000 de la bancarización. Situación que fue aumentando en los siguientes años.

Los clientes más afectados por los topes a las tasas de interés han sido aquellos de menores ingresos, debido a que su mayor riesgo de crédito y los elevados gastos operativos para atender dicho sector generan un alto costo del crédito que, en muchos casos, es superior a la tasa máxima establecida.

Considerando el impacto negativo de los topes de tasas de interés en el grupo de ciudadanos más vulnerable, al reducir su acceso al crédito formal y aumentar su exposición al crédito informal de altísimo costo, el BCRP señala que la exclusión de tasas máximas planteada por el Congreso, debería ser permanente.

Es fundamental destacar que los topes a las tasas de interés no han logrado mejorar significativamente las condiciones de crédito ni expandir el proceso de profundización financiera. En cambio, medidas que promuevan una mayor competencia en el mercado financiero y reduzcan la falta de información podrían ser más efectivas para alcanzar estos objetivos.

Además, el BCRP está explorando nuevas oportunidades a través de un programa piloto de moneda digital, que se lanzará en junio. Esta iniciativa busca incluir a usuarios no bancarizados y ofrecer acceso a otros servicios financieros de ahorro y crédito, contribuyendo a la inclusión social y financiera de las familias peruanas.

La revisión de las políticas sobre las tasas de interés máximas es crucial para garantizar que los beneficios de la inclusión financiera se extiendan a todos los peruanos, especialmente a aquellos más afectados por la informalidad y condiciones financieras adversas.

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