Nuevamente la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional está en debate luego de que la Junta de Portavoces acordara este jueves agendar en el Pleno la recomposición de la Comisión Especial encargada de su selección. Esta vez, la oposición a que se renueve el TC se ha manifestado en un pronunciamiento firmado por más de 40 congresistas, en el que señalan que hacerlo “carecería de objeto”, aunque no queda muy claro a qué se refieren con eso.

La renovación del TC es un asunto que está pendiente hace más de un año y que ha resultado ser la manzana de la discordia nacional. Recordemos que el cierre del Congreso de la República el año pasado se produjo por una cuestión de confianza que paralizó la elección de los magistrados.

Recordemos también que en octubre de este año se promulgó un nuevo reglamento para llevar a cabo la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo cual también fue objeto de críticas y oposición. En ese entonces, el argumento esgrimido por los opositores fue que el reglamento había sido aprobado “al caballazo”.

Hoy, el argumento ha pasado a ser que el Congreso no es “legítimo” para llevar a cabo la elección, argumento que resulta falaz pues el Congreso ha sido democráticamente electo para ejercer sus funciones, entre ellas elegir a los magistrados del TC. Que sea altamente impopular no lo deslegitima para cumplir con las funciones que la Constitución manda y lo que es materia de una discusión distinta es la idoneidad o no de nuestro Congreso para nombrar a magistrados que den la talla.

Lo que resulta evidente es que, más allá de los obvios intereses políticos de ciertos sectores que buscan mantener la actual composición del TC, el mecanismo para elegirlo genera -en parte- este tipo de pugnas y debe ser sometido a cambios si es que queremos evitarlas en el futuro.

Parte del problema que enfrentamos con el actual mecanismo de elección es que el Congreso concentra el 100% de la decisión, con lo cual el Ejecutivo queda excluido del proceso, sin existir la necesidad de que ambos conversen para lograr consenso respecto a quiénes deben conformar el Tribunal. Asimismo, no deberíamos encontrarnos en una situación como la actual en la que, de golpe, se reemplaza a casi la totalidad de magistrados. Esto genera mucha incertidumbre, inestabilidad y además magnifica el poder de las composiciones parlamentarias del momento.

Una reforma que necesariamente debe ser promovida en el próximo Congreso es pasar a tener un sistema de designación mixto, en el que el presidente de la República propone a un candidato que debe ser ratificado con mayoría calificada por el Legislativo. Además, es urgente establecer la gradualidad en los nombramientos y extender el periodo de ejercicio del cargo de magistrado de 5 a 7 años, de manera tal que en un mismo período no se deba cambiar a más de uno o dos magistrados y que el TC constituya un elemento de permanencia frente a los gobiernos de turno.

Nuestros políticos nos tienen acostumbrados a las “reformas” políticas que plantean cambios meramente simbólicos o superficiales y que no solucionan ningún problema de fondo. Es momento de que eso cambie. Si realmente queremos ser un mejor país, debemos impulsar reformas de verdad, que fortalezcan nuestras instituciones con la finalidad de hacerlas menos susceptibles a su instrumentalización por parte del poder político.