Lamentable lo ocurrido la última semana –por decir algo- entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de la peor crisis nacional provocada por la pandemia de la covid-19 chino.
Por casi 100 votos a favor, el Parlamento ha insistido y promulgado la Ley de Devolución de los Aportes Previsionales efectuados a la ONP a sabiendas de que es inconstitucional y que causará un mayor forado al Fisco por varios miles de millones de soles. El Presidente de la República ha anunciado que recurrirá al TC para demandar su inconstitucionalidad. Bien, más la sentencia demorará, en el mejor de los casos, tres meses y, entre tanto, inestabilidad política y tensión social. A su vez, por otros 100 votos del Congreso se ha derogado la Ley de Promoción Agraria que el TC catorce años atrás declaró su constitucionalidad y que ha sido, más bien que mal, el motor del desarrollo y la competitividad del sector agroexportador a nivel internacional. Lo ha hecho, además, archivando al caballazo el proyecto de ley del Ejecutivo que proponía la modificación del cuestionado régimen laboral que era la madre del cordero. Pero no, mejor fulminarla tirándose abajo la seguridad jurídica y espantando la inversión privada. Cómo queman las cosas que al propio Gobierno no le quedó otra salida que sumarse a la promulgación de la norma de marras.
No tenemos duda que ambos despropósitos legales se alimentan de la conflictividad y la peligrosa protesta callejera imperantes de la que se hace eco demagógica y populistamente el Parlamento. Y cómo no, el Gobierno de Transición y Emergencia –también en emergencia-, tampoco se salva de la cuota de responsabilidad debido a sus signos de debilidad e indecisión frente a la espiral de violencia que recorre el país.
La Democracia es diálogo, pero no al precio del desgobierno y la claudicación. Cuando el bienestar de la Nación y el orden público están en jaque corresponde ejercer la autoridad y el legítimo poder de la policía. No hay otro camino a menos que se busque la quiebra institucional. ¡AMÉN!