La decisión del TC de declarar inconstitucional la ley que autoriza el retiro de los aportes de la ONP por una UIT emitida por el Congreso tiene su sustento en el artículo número 79 de la Carta Magna que señala “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar los gastos públicos”.

Su función principal del Congreso es crear leyes que beneficien a la nación respetando la Constitución no infringiendo un artículo de la Carta Magna. Al respecto un proyecto de ley del Poder Legislativo debe contener una exposición de motivos, una fundamentación y un análisis costo – beneficio. Significando que el Congreso debe tener en cuenta los impactos positivos o negativos que generen sus propuestas legislativas (Costo fiscal). Justamente en el análisis costo – beneficio se debe sustentar que la propuesta de ley no genere el aumento del gasto fiscal a fin de no afectar el equilibrio de las finanzas públicas según el artículo 79 de la Carta Magna.

La ley de retiro de los aportes de la ONP implica un aumento del gasto público del orden del 2.3 % del PBI, es decir S/ 15,000 millones más de gasto fiscal. Definitivamente la ley no permite el cumplimiento del artículo número 79 de la Carta Magna, por lo tanto la norma emitida por el Congreso es anticonstitucional por contravenir la ley de leyes. El Tribunal Constitucional solo defendió que no se vulnere la Constitución.

En ese sentido la pregunta a realizarse al Congreso sería: ¿de qué forma financiaría el retiro de los aportes de la ONP equivalente a S/15,956 millones sin generar el aumento del gasto público en dicha cuantía? Tal vez su respuesta ensayada sería con mayores ingresos tributarios que se encuentran debilitados por la actual pandemia, con una emisión de bonos soberanos a los mercados globales que ya no confía en el Perú caracterizado por la inestabilidad política, donde las clasificadora de riesgo nos retirarían el grado de inversión para ubicarnos en grado especulativo por las medidas populistas del Congreso.

En el escenario de que el TC hubiese decidido dar pase a la ley del Congreso los efectos en la economía serían un aumento significativo del gasto público, incremento del déficit fiscal y de la deuda pública en el largo plazo, declaración de Down Grade (Disminución del grado de inversión) por parte de las clasificadoras de riesgo.

El escenario que prevaleció en la decisión del TC fue el escenario más optimista y favorable para el Perú, el respeto de la Constitución, finanzas públicas equilibradas, reducción gradual de los déficits fiscales y deuda pública, consolidación fiscal, mantener el grado de inversión, atracción de inversiones en el largo plazo, lograr un crecimiento sostenible de la economía, menores tasas de interés para el pago del servicio de la deuda pública y la estabilidad institucional.

Esperemos que el Congreso antes de emitir una ley reflexione las consecuencias de sus iniciativas legislativas y no emita leyes que sean anticonstitucionales,desequilibren las finanzas publicas y la estabilidad monetaria del país.

El populismo desea cambiar la Constitución para justamente tener carta libre para legitimar sus iniciativas de gasto que tendrían como consecuencia (déficits fiscales) a financiarse por ley con mayor endeudamiento público interno o externo o con emisión de billetes y monedas del Banco Central (inflación). La única forma que lo lograrían es retirando la autonomía el BCRP, tal vez sea la razón principal de su persistencia en el cambio de la Carta Magna sin pensar que sus ideas generarían el quiebre de las finanzas públicas y la estabilidad monetaria de nuestra gran nación.

Juan Morales Romero